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01/11/2023 07:46 hs

Analizan comenzar a exigir a los trabajadores de la UNRC la presentación de certificado de ausencia de delitos sexuales

Río Cuarto - 01/11/2023 07:46 hs
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Piden que se impida la participación en los órganos de co-gobierno y en cargos de gestión a los universitarios que estén denunciados por violencia o discriminación. Además, quieren que haya capacitación obligatoria sobre violencia de género
 

Se presentó en la sesión de este martes del Consejo Superior de la UNRC un proyecto para impedir la participación en los órganos de co-gobierno y en cargos de gestión a los universitarios que estén denunciados por violencia o discriminación, a la vez que se comience a exigir a los trabajadores de la UNRC la presentación del certificado de ausencia de delitos sexuales y se implemente un programa de capacitación obligatoria sobre violencia de género.
El tema fue enviado a la Comisión de Interpretación y Reglamento, al Área de Género, que está elaborando nuevas normativas con Trabajo, y a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
La iniciativa es impulsada por Bruno Criao, consejero superior de la agrupación Graduados del Bicentenario, quien dijo: “Motiva la presentación de este proyecto, los constantes y alarmantes casos que se producen y han producido en nuestra Universidad y en la vida privada, sin tener en cuenta el resguardo hacia las/los/les denunciantes y fallar en los elementos procedimentales para tales casos”. Y agregó: “Esta propuesta complementa lo que se ha expresado verbalmente en el seno del Consejo Superior y colabora en generar mecanismos colectivos para prevenir y erradicar dichas situaciones, y resguardar la integridad física y emocional de integrantes de la comunidad universitaria”.
Continuó: “También, se solicita que la Institución, con sus respectivas dependencias, inicie la investigación sumaria de todas las causas que todavía no se abrieron ni han tenido tratamiento”.
El proyecto plantea que “aquellas personas que tengan denuncias o sumarios abiertos referentes a violencia o discriminación por motivos de género, acoso y/o algún tipo de delito de carácter sexual, no pueden ejercer ni postularse a cargos ejecutivos y legislativos dentro de los órganos de cogobierno y de gestión de la propia Institución”. Y pide que el procedimiento sea ejecutado por la Junta Electoral, en conjunto con el área de Actuación en situaciones de violencia de género y discriminación.
Por otro lado, se propone que para las postulaciones a concursos se implemente como requisito obligatorio la presentación del Certificado de no inscripción a Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual emitido por el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba. Y se puntualiza que es “para todas/os/es aquellas personas que trabajan en la institución, ya sea en planta permanente o contratada de manera temporal”, y que “su presentación se realice periódicamente, al menos una vez al año”.
Y, finalmente, hace hincapié en la implementación de una capacitación obligatoria. Se indica: “Proponemos que la Ley 27499 (Ley Micaela), y la resolución 190/19 (con sus modificatorias y anexos) sean material de lectura y evaluación obligatorio para acceder a concursos docentes y no-docentes, adscripciones y ayudantías de segunda, sean rentadas o no, y se agilicen los mecanismos de formación sobre la temática en los distintos claustros, tal como se definió en la resolución 153/1g del Consejo Suoperior”.
 
“Construir espacios libres de violencias y discriminaciones demanda un fuerte compromiso”
 
En su fundamentación, Bruno Criao indicó: “En el mundo patriarcal que habitamos, las situaciones de violencias, abusos y discriminación nos siguen atravesando e interpelando. Como universidad, no estamos ajenos a esa realidad. La lucha feminista en el mundo entero ha conseguido avances que se han plasmado en normativas, legislaciones y resoluciones, -a nivel internacional, nacional y local- para garantizar derechos y reconocer deudas históricas con los sectores de mayor vulnerabilidad. De estos instrumentos y su marco interpretativo realizado por los organismos competentes, se desprenden las obligaciones en las instituciones del Estado que exigen la adopción de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar las posibles situaciones de discriminación y, por su parte, el desarrollo de políticas focalizadas tendientes a erradicar situaciones de desigualdad estructural de los grupos en situación de vulnerabilidad”.
Acotó: “La Universidad, en su título preliminar, menciona que la institución debe ser ‘flexible para adaptarse a la diversificación y expansión de la población estudiantil, a las nuevas tecnologías, a las formas de comunicación y producción de conocimiento, a la movilidad de las profesiones, a la evolución de los paradigmas de la ciencia y a las nuevas condiciones sociales’. Las normativas vigentes en la mayoría de las instituciones, tiene aún fuertes sesgos patriarcales y no contemplan las nuevas discusiones y acuerdos que estamos construyendo en las comunidades, por lo que resulta urgente llevar adelante los procesos de discusión necesarios para modificarlas, teniendo como faro siempre la defensa de los derechos y la garantía de su cumplimiento”.
“Construir espacios libres de violencias y discriminaciones demanda un fuerte compromiso de cada uno/a/e de quienes integramos las comunidades universitarias. Asumir lugares de representación en órganos de co-gobierno o en la gestión institucional requiere de una fuerte responsabilidad y quienes ocupan esos espacios deben ser los primeros en garantizar la no violación de ningún derecho”.
“Construir instituciones con perspectiva de género significa comprender las múltiples aristas que componen las violencias y desigualdades de género, y entender que cada acción que llevemos adelante tiene que tener en cuenta el impacto diferenciado en las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Creemos que esta propuesta va en ese sentido, marcando lineamientos transversales con perspectiva de género en toda la institución”.


Prensa UNRC

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