Desde el 1° de marzo pasado, hace 143 días, el detalle de las declaraciones juradas patrimoniales del intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre, debería haber estado disponible en el sitio de internet municipal. Y también la información de alrededor de 280 funcionarios de su administración.
Mientras se anunciaba el lanzamiento de un sitio de Gobierno Abierto, con los detalles de los patrimonios, ingresos y otras informaciones de interés público, los ciudadanos no podían corroborar si el jefe municipal y el resto de la estructura orgánica cumplían o no con la obligación que estipula la ordenanza 11.249.
Hasta hace muy poco, en el sitio de la Municipalidad de Córdoba se podía acceder sólo a algunas de las declaraciones, con fechas que iban desde 2012 hasta 2015. Ninguna de ellas era de este año.
El domingo pasado, La Voz publicó que seis de cada 10 funcionarios del Gobierno provincial incumplían –al menos hasta el viernes 15 de julio– el deber de publicar el detalle de su patrimonio. En ese caso, sí estaba la declaración del gobernador Juan Schiaretti.
Pero cuando este diario hizo la consulta al Centro Cívico, comenzó una apresurada carga de declaraciones juradas, que aún continúa.
Apenas el 22,5 por ciento de los funcionarios tenía su declaración jurada al día y publicada. Entre los que faltaban, había cinco ministros, que luego publicaron sus respectivos detalles (ver más información en página 7 ).
La situación en la Municipalidad de Córdoba no era mejor. Hasta el domingo, sobre 246 cargos de la estructura orgánica con obligación de publicar su patrimonio, en internet sólo había 78 declaraciones. Es decir, un 31,7 por ciento (contra el 40,8 por ciento de la Provincia).
Entre ellas, la del intendente Mestre, pero con fecha de 2015, cuando la ordenanza exige que la renovación sea anual. Sólo el 19,5 por ciento tenía fecha del año pasado. El resto era de períodos anteriores.
En el artículo 10º de la ordenanza 11.877, se estipula que tanto el Ejecutivo como el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas “deben publicar y actualizar mensualmente en sus respectivos sitios web, el contenido mínimo de sus competencias”, entre ellas las declaraciones juradas patrimoniales.
Desde el municipio, se explicó que se había decidido no actualizar la información patrimonial para concentrarse en el futuro sitio de Gobierno Abierto.
Tras la consulta de este diario, el jueves fueron enviadas las declaraciones del intendente y de sus secretarios, como muestra de que sí existían pero no estaban cargadas. Incluso la gestión municipal se apuró en publicar en el actual sitio de internet esas mismas declaraciones.

Promesa de transparencia
Este año, el Gobierno municipal creó la Secretaría de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, a cargo del exviceintendente Marcelo Cossar. Esa dependencia incluye la Dirección de Gobierno Abierto, Acceso a la Información Pública y Estadística y Censos, a cargo de Facundo Barrionuevo.
“No es una excusa ni fue un descuido. Estamos trabajando. Lo hemos tomado como una política de gobierno y es un pedido del intendente. No se ha actualizado la página web de ahora porque esperábamos a presentar el nuevo portal. Esto para nada quiere decir que los funcionarios hayan incumplido con su obligación”, dijo Cossar a La Voz.

Carátulas
El área encargada de impulsar la política de Gobierno Abierto, junto con Sistemas de Información (a cargo de Andrés Vazquez), trabaja en el lanzamiento de un portal que –se asegura– permitirá a los ciudadanos acceder a la información del Gobierno y de los funcionarios de modo efectivo y con la posibilidad de monitorear las políticas públicas.
El contenido de las declaraciones que cualquier ciudadano puede revisar incluye ahora sólo las carátulas, que resumen la situación patrimonial (ver aparte).
El contenido no se publica en su totalidad, sino que sólo puede obtenerse a través de órdenes judiciales o de la presentación de una solicitud para aquellos que demuestren un “interés legítimo”, a criterio de los propios funcionarios municipales.
Tampoco se pueden contrastar las últimas declaraciones juradas con las de años anteriores, con el fin de monitorear, por ejemplo, la evolución patrimonial de algún funcionario.
Y si esa persona transitó además por distintos ámbitos del poder político (Concejo Deliberante, el Congreso de la Nación, el Ejecutivo provincial o nacional), surgen asimismo dificultades para el análisis, porque cada esfera de poder tiene su propio régimen de declaraciones.

Formularios que ocultan más de lo que muestran
Sólo se difunde la carátula de la declaración jurada de bienes.
La ordenanza que obliga a los funcionarios municipales es de 2007. Fue redactada de manera tal que esa exigencia alcanza sólo a la carátula del informe de los bienes con los números generales, sin el detalle de la composición patrimonial, como individualización de la cantidad de inmuebles, vehículos, depósitos y otros elementos, lo que complica el seguimiento.

La Voz