La querella que representa a la familia de Lucas Menghini Rey en el juicio oral por la tragedia de Once acusó ayer por estrago doloso y administración fraudulenta a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, para quienes solicitó 15 años de cárcel, y también al empresario Sergio Cirigliano, a quien pretenden que la Justicia sancione con 18 años de prisión.

Cirigliano preside Cometrans, controladora de TBA, la ex concesionaria del tren Sarmiento. Por los mismos delitos pidió privar de su libertad a otros 24 ex funcionarios y empresarios, al tiempo que solicitó la absolución del maquinista Marcos Córdoba, que estaba al mando del tren Chapa 16 en el que murieron 51 personas.

Ademas, los abogados reclamaron que se investigue por su responsabilidad en el hecho al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, todavía no alcanzado por la investigación.

Leonardo Menghini, tío de la víctima y uno de los letrados de la denominada querella número tres, consideró en el alegato que "todos" los acusados "tuvieron por su acción o por omisión el dominio del hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012" en la terminal de Once.

Para dos ex presidentes de TBA y un ex director de TBA pidió 16 años de prisión por "apropiarse de bienes del Estado que derivaron en la muerte de 51 personas"; para Jaime reclamaron 15 años, la misma pena que para Schiavi, a quienes acusaron de "favorecer a empresarios aumentando tarifas en detrimento de pasajeros, sin que mejorara el servicio".

La acusación de esta tercera querella contrastó con la primera y la segunda, que anteayer sólo acusaron como responsable del accidente al maquinista Córdoba.

Menghini cuestionó las tareas de fiscalización del desempeño de la concesionaria. Dijo que "los funcionarios eran funcionales a la actividad económica de TBA" porque había "falta de control por parte de los funcionarios que debían controlar".

"A Cometrans le pagaban por un servicio que no cumplía. La conclusión es que el Estado financiaba las ganancias de Cometrans y esto lo sabían todos los funcionarios", indicó.

Sobre el destino que TBA daba a los subsidios estatales, enumeró que "TBA pagaba el sponsoreode un auto de Turismo Carretera de uno de los directivos del grupo, pagaba vuelos privados en Bayres del Sur y pagaba la obra social de un hermano de los Cirigliano, la señora y los hijos".

El abogado agregó: "TBA tuvo todos los fondos para evitar o disminuir considerablemente la falta de mantenimiento en los trenes y en especial el deterioro extremo de la unidad Chapa 16. Si no lo hizo fue porque eligió defraudar al Estado y para ello se valió de la complicidad de los funcionarios de turno".

El desvío de fondos, criticó, fue un factor decisivo. "El tren chocó. Ahora bien: si la estructura no hubiese estado corroída por el óxido, si el parachoques no hubiera agravado el impacto, si la diferencia de altura no hubiese sido condicionada por ese frenado degradado que hizo "hocicar" al coche, las víctimas no hubieran quedado atrapadas. Y hoy hablaríamos de la tragedia de Once como un choque más", objetó.

Por todo esto, la querella sostuvo que los funcionarios y empresarios son responsables de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, delito que "se perpetró en el tiempo durante la gestión de los cuatro funcionarios" sentados en el banquillo de los acusados: Jaime, Schiavi y los ex interventores en la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.

Lelia Leyva, otra abogada de la tercera querella, recordó que el Chapa 16 "estuvo un mes parado en el depósito" y que un mail de un ingeniero de TBA planteaba, cinco días antes del choque, que "el tren debía estar inactivo"; no obstante, fue reingresado al servicio.

"La mayor parte de los empresarios y funcionarios aquí imputados se mostraron arrogantes e impunes durante las audiencias pretendiendo hacernos creer y sentir que no les importan las consecuencias de este juicio, porque gozan de protección asegurada", disparó.

Anteayer las primeras dos querellas pidieron que se condene a 22 años de prisión al maquinista por considerarlo "único autor de lo sucedido" y le atribuyó el delito de descarrilamiento doloso, configurado por quien "empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar".

La ronda de alegatos concluirá la semana próxima y se espera que la sentencia sea dictada antes de que termine el año.


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