Como si se tratara de la trama de una novela romántica, la cabeza de una mujer joven es motivo de litigio entre los gobiernos de Francia y España. La pintura de Pablo Picasso -Cabeza de mujer joven-, incautada por la aduana francesa la semana pasada, fue ahora solicitada por la Guardia Civil española.

Las autoridades españolas reclaman a Francia tenerla bajo su custodia y protección en tanto prosigue la investigación por lo que podría ser considerado un caso de tráfico ilícito de bienes culturales.

Valuada en más de 27 millones de dólares, la obra fue encontrada en un velero amarrado en el puerto deportivo de Calvi, Córcega, cuyo destino era Suiza, a pesar de tener prohibida su salida de España.

Según informó la agencia española EFE, cuando las pesquisas concluyan se emprenderán las gestiones para solicitar la restitución de la obra dentro de los convenios internacionales suscritos por España y Francia para devolver este tipo de bienes.

La obra estaba vinculada al ex presidente del Banco Santander, el fallecido Jaime Botín, y hasta ahora pertenece a la empresa Euro Shitting Charter Company. Pero podría pasar a formar parte del patrimonio español.

En mayo último, la Justicia española había confirmado la prohibición de sacar de su territorio la obra de Picasso que, en 2013, adoptó el Ministerio de Educación y Cultura.

Tanto ese ministerio hace dos años como en mayo pasado la Justicia fundaron su decisión en el valor de Cabeza de mujer joven, considerada "única" por los responsables del patrimonio histórico español y de "excepcional importancia" por el Museo Reina Sofía de Madrid, ya que es una de las pocas obras realizadas por su autor dentro del denominado período Gósol.

Por todo ello, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha iniciado las gestiones para que Francia ceda a España la custodia de la obra de arte, a la espera de que se decida si el cuadro debe restituirse o no.

En un comunicado difundido por los abogados de Jaime Botín después de que se conociera que la obra había sido interceptada en Córcega, se señalaba que el cuadro "fue pintado en el extranjero, se compró en el extranjero y allí ha tenido siempre su domicilio permanente. Por tanto, el cuadro no ha podido ser exportado ni lícita ni ilícitamente".

Además, cuestionan la prohibición de sacar de España la obra de arte porque no está declarada como bien perteneciente al patrimonio histórico español.

"La declaración de inexportabilidad provisionalmente dictada por el ministerio carece de objeto por cuanto, como queda dicho, el cuadro no estaba en territorio español cuando fue dictada ni ha sido importado después", aludieron los representantes de Botín.

Para los abogados del banquero, la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la prohibición no es firme, ya que está presentada ante el Tribunal Supremo.

En el escrito se explica también que el cuadro se encuentra permanentemente a bordo del barco de nacionalidad británica en el que fue confiscado, "que es territorio extranjero a todos los efectos incluso cuando toca puertos españoles".. (La Nación)