La ex ministra de Economía Felisa Miceli resultó favorecida por el Tribunal Oral Federal 1, que hoy modificó su pena y la condenó a tres años de prisión en suspenso, lo que significa que no irá a la cárcel. Además, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por seis años.

La ex funcionaria había sido condenada en diciembre de 2012 por el Tribunal Oral Federal 2 a cuatros años de prisión y a ocho para ejercer cargos públicos, pero luego, la Cámara Federal pidió que se revisara la pena.

Fue una de las primeras funcionarias de una administración kirchnerista en recibir condena por un delito vinculado a la corrupción. En este caso, una inspección de rutina de bomberos encontró el 5 de junio de 2007 en su despacho una bolsa con 100.000 pesos y 31.670 dólares en efectivo. La entonces funcionaria fue procesada y durante el juicio alegó que el dinero era producto de un préstamos para realizar una operación inmobiliaria, pero nunca pudo probarlo.

Miceli renunció a conducción del Palacio de Hacienda, tras dos años de servicio en el Gobierno nacional, y recibió acogida en la Asociación Madres Plaza de Mayo, donde se desempeñó como asesora y en su universidad dirigió un centro de estudios económicos.

El 27 de diciembre de 2012, el Tribunal Oral Federal N° 2 la condenó a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para ocupar cargos públicos por los delitos de "encubrimiento agravado" de una supuesta maniobra financiera ilícita, y "sustracción y ocultamiento de documento público", por la desaparición del acta policial del hallazgo.

La condenada defendió en todo momento su inocencia. Para evitar ir a prisión, apeló. El 18 de julio de 2014, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su culpabilidad, pero hizo lugar al pedido de la defensa que alegaba que la pena no estaba debidamente fundamentada.

Ahora, en la revisión del fallo, la fiscalía había solicitado una pena de 3 años y 6 meses de prisión con una inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos. También debería reintegrar los fondos y, de no tener dinero suficiente, la Justicia podría ejecutar su casa en el barrio de Núñez, que ahora está embargada.

Una de sus últimas apariciones públicas con funcionarios políticos fue el 14 de agosto de 2013, durante un seminario que ella misma organizó en la casa central del Banco Nación. Por entonces había conseguido que figuras clave del equipo económico del Gobierno nacional disertaran en unas jornadas sobre integración regional.