Jorge Capitanich asoció los procesos contra el Vicepresidente y la procuradora del Tesoro a un "pacto de impunidad" entre los medios y magistrados.
Hoy en la conferencia de prensa diaria, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió hoy que el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone es "una arremetida mediática judicial" que forma parte de una "manipulación sistemática y evidente".
"No hay ninguna duda de que en la República Argentina la Justicia no es independiente de las corporaciones", señaló el ministro coordinador en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, ante la pregunta de un periodista.
Asimismo, afirmó que "las causas de los grupos mediáticos concentrados no avanzan y forman parte de un pacto de impunidad" ya que brindan "protección mediática para fiscales y jueces a cambio de no seguir con las causas".
Cuando se pretende generar mecanismos para evadir la fuga de capitales, los jueces y fiscales se pasan la pelota. Esto es más viejo que la injusticia. Lo que uno observa es que hay una arremetida corporativa, mediática y judicial. Forma parte de un pacto de impunidad", fustigó Capitanich.
En este sentido, insistió que los avances de los procesos se trata de "ataques desmedidos y despiadados" que forman parte de "esa estrategia y embestida mediática a miembros del Poder Ejecutivo".
Ayer, la Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de la imprenta de papel moneda, a través de la firma The Old Fund cuando era ministro de Economía. La decisión del tribunal puso al funcionario al borde del juicio oral y público junto a José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y Rafael Resnick Brenner.
Se trata del segundo revés que tuvo el Gobierno en el plano jurídico en las últimas horas. En el mismo día, se supo que el juez federal Luis Rodríguez citó a prestar declaración indagatoria a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina María Esther Abbona, por no adoptar las acciones correspondientes contra el grupo Marsans sobre la presunta administración fraudulenta de Aerolíneas. Fue citada para el 26 de marzo.