El adelantamiento de las elecciones en Chacopara el 8 de marzo del año que viene encendió las alarmas en el Gobierno, que impulsa a los gobernadores a que posterguen los comicios provinciales para la segunda mitad del año.

Ésa es la nueva directiva oficial para evitar que la batalla electoral se anticipe en los distritos en los que, además, no está asegurado un holgado triunfo del oficialismo.

A partir de la decisión del vicegobernador chaqueño en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, el Gobierno emprendió una serie de consultas con los gobernadores para evitar que convoquen a elecciones en los primeros meses del año.

La presidenta Cristina Kirchner no quiere adelantar los tiempos y promueve que recién a partir de agosto, con las primarias nacionales, se abra el calendario. Hasta ahora, el Gobierno logró que Catamarca, la primera provincia que suele comenzar el año electoral, postergue la decisión de convocar a los comicios provinciales, que tenía como fecha posible también marzo.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dejó en claro la nueva estrategia la semana pasada, cuando sorprendido por la jugada de su vice, que podría incluso obligarlo a él mismo a renunciar a su cargo en el Gabinete para volver a su distrito, anunció que no le parecía correcto que en marzo comenzara el proceso para elegir las nuevas autoridades provinciales. Ese concepto lo extendió durante la semana a los gobernadores, con quienes emprendió un diálogo para consensuar el calendario.

En ambos casos, como Chaco y Catamarca, un triunfo del peronismo está en duda. En tierras de Capitanich, la supremacía oficial está amenazada por la intendenta radical de Resistencia, Aída Ayala. En el caso de Catamarca, la gobernadora Lucía Corpacci libra una batalla interna con su vice, Dalmacio Mera, que podría volcarse por el candidato bendecido por Sergio Massa, el actual intendente de la capital, Raúl Jalil. Pero tampoco los números de las encuestas acompañan al Frente para la Victoria ante un ajustado resultado con otro de los precandidatos, el ex mandatario Eduardo Brizuela del Moral que se impuso en las últimas elecciones legislativas.

En las dos provincias, una derrota anticipada en marzo abriría un escenario negativo para los últimos meses de mandato de Cristina Kirchner. La Presidenta, aferrada a mantener el poder hasta el último día como estrategia para evitar que la coyuntura termine complicando el final de su presidencia, apela a postergar el debate electoral.

Tanto Capitanich como Cristina Kirchner llevan adelante los contactos con los gobernadores para postergar los comicios provinciales. Para la Casa Rosada, la fecha ideal para que se abra el calendario debería ser entre julio y agosto, no antes.

En Balcarce 50 comenzaron a afinar el lápiz antes de que estalle un aluvión de elecciones anticipadas. Hasta ahora, la otra provincia que adelantó los comicios fue Salta, cuya Legislatura votó a fines del año pasado las primarias para el 12 de abril y las generales para el 17 de mayo.

Otro distrito clave será la ciudad de Buenos Aires, una caja de resonancia a nivel nacional. A tal punto llega la preocupación oficial por postergar las elecciones que, según confiaron fuentes al tanto de la estrategia electoral, la Presidenta está dispuesta a darle los votos a Mauricio Macri para que reforme la ley electoral y unifique así las elecciones locales con las nacionales.

El jefe de gobierno porteño analiza esa posibilidad para traccionar votos para su candidatura presidencial, pero necesita de los votos opositores en la Legislatura para avanzar con el cambio de la norma. El Frente para la Victoria, por decisión de Cristina, acompañará. Córdoba y Santa Fe son otras de las provincias que también desdoblan los comicios. José Manuel de la Sota ya anunció que las convocará para agosto, fecha que el Gobierno celebró, con alivio.

Para el próximo año, la preocupación oficial no es tanto si los gobernadores no unifican, sino que la prioridad es lograr que no adelanten los comicios para los primeros meses, en los que la Casa Rosada prevé aún cimbronazos económicos. De las provincias obligadas a ir separadas, las negociaciones están abiertas en Misiones y Tucumán, y ya trabajan en Tierra del Fuego y San Luis.

El resto de los distritos todavía no avanzaron en los decretos de convocatoria. Será un negociación dura entre la Casa Rosada y los gobernadores ante un escenario de incertidumbre por quién terminará siendo el candidato del oficialismo. (La Nación)