El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime quedó ayer en grave riesgo de terminar detenido: la Cámara de Casación Penal confirmó una condena en su contra a seis meses de prisión en suspenso por haber intentado robarse pruebas en su contra de la causa que se le sigue por enriquecerse injustificadamente mientras era funcionario.

Jaime se convirtió en el primer funcionario condenado con sentencia firme desde el regreso de la democracia mientras está en el Gobierno el partido que lo tuvo como funcionario. Jaime podría entonces quedar preso porque el Código Penal señala que cualquier otra pena que reciba en los próximos ocho años, aunque sea menor, debe ser de cumplimiento efectivo.

Esto pone al otrora poderoso funcionario en una situación crítica, pues actualmente está siendo juzgado por la tragedia de Once, que lo expone a una pena grave de más de seis años de cárcel.

Si en la causa del accidente de Once Jaime fuera condenado, el tribunal podría decidir su detención en ese mismo momento, sin esperar a que el fallo quede firme, dada su condena anterior. Y si esa condena es confirmada, se unifica con esta que ayer, tras el fallo de Casación, se convirtió en ejecutable. Las reglas de unificación de penas prevén que como máximo se suman ambas y como mínimo se considerará la mayor.

Es que Jaime, además, enfrenta otros dos juicios orales de próxima realización por recibir dádivas de los empresarios a los que debía controlar. Por un lado, los dueños de la Terminal de Ómnibus de Retiro le pagaron el alquiler del departamento que ocupó mientras vivió en Buenos Aires entre 2003 y 2009, cuando fue funcionario. Y, por el otro, viajó gratis en vuelos privados pagados por empresarios del transporte que estaban bajo su control.

Además, Jaime también fue recientemente procesado por no poder justificar bienes por 12,5 millones de pesos, incorporados a su patrimonio mientras fue secretario, incluido un yate de US$ 1 millón retenido en Piriápolis.

Pero el hecho de que se le haya confirmado esta condena de seis meses en suspenso también entraña para Jaime otro peligro, no ya en el caso de una nueva condena, sino frente a un riesgo más inmediato: bastaría con que sea procesado en cualquier causa para que esa decisión lo lleve a prisión, pues los jueces podrían interpretar que, por su situación de condenado, existiría riesgo de fuga.

El fallo, firmado por los camaristas de la Sala IV Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, vino ayer a convalidar la condena que el 3 de septiembre de 2013 le había dictado el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba.

El citado tribunal oral lo encontró culpable porque, durante un allanamiento en Villa Carlos Paz ordenado en la causa por enriquecimiento ilícito en la casa de una de sus hijas, Jaime hizo desaparecer tarjetas personales que lo identificaban como ejecutivo de Cerro Motos, un concesionario de motos ligado a un hijo del ministro de Planificación, Julio De Vido.

La defensa de Jaime había argumentado que en realidad las tarjetas no existen y que "no hay evidencia indudable alguna de que hayan existido", pues cuando en Buenos Aires se abrieron los sobres con el contenido de las pruebas secuestradas las tarjetas no estaban.

Sin embargo, el tribunal que condenó a Jaime y los jueces de la Casación entendieron que la declaración del oficial de la Policía Federal Miguel Ángel Maidana fue clara cuando, bajo juramento, dijo que vio a Jaime tomar con sus manos cuatro tarjetas sueltas y un tarjetero que se encontraban sobre una mesa para ser secuestrados y se los introdujo en el bolsillo del pantalón. Se las reclamó y Jaime las devolvió. El juez Hornos completó el análisis al sostener que "debe rechazarse el planteo relativo a la violación del juez imparcial".