El 19 de diciembre de 2013 fueron muchísimos los llamados que hubo en torno a un operativo que terminó en escándalo. Fue en la financiera Propyme, donde los policías que inspeccionaban el lugar habrían exigido un soborno, y el allanamiento que había sido ordenado por el juez Norberto Oyarbide fue luego suspendido por él mismo, que luego reconoció que lo hizo tras el llamado que recibió del segundo de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi.

El análisis de las comunicaciones que hubo durante esas horas es clave en la investigación que tiene a su cargo Luis Rodríguez en la causa que están imputados Oyarbide y Liuzzi.

En las últimas horas el juez recibió el informe de compañías telefónicas que indican que Liuzzi tiene a su nombre 8 líneas de celular y el secretario de Oyarbide involucrado en el hecho, Carlos Leiva, figura con 4 a su poder. Del juez, se informó que no cuenta con línea de teléfono celular.

Sobre esas 12 líneas y de aquel 19 de diciembre, el juez ordenó que se establezcan las comunicaciones entrantes y salientes por medios telefónicos, de mensajes de texto y radial de esos registros a nombre de Liuzzi y Leiva. Además, que se incluyan los datos que arrojan las antenas y celdas en la ubicación de los llamados que se hicieron desde cada una de las líneas.

También pidió conocer todas las llamadas que hizo el empresario Guillermo Greppi ese día, el dueño de Propyme, pues al declarar en la causa y denunciar que fue víctima de extorsión por policías que le exigían 300 mil dólares para terminar el allanamiento, llamó a muchas personas, entre ellos Liuzzi.

Por otra parte, y al no contar Oyarbide con línea de celular a su nombre, el juez Rodríguez pidió al Director Nacional de Gendarmería, Comandante Enrique Zach, que aporte el listado de custodios de esa fuerza que estuvieron junto a Oyarbide ese 19 de diciembre de 2013. Oyarbide en todo momento está acompañado por varios custodios en el traslado a Tribunales cuando se mueve dentro del edificio.

La causa se inició tras una denuncia efectuada por los radicales José Cano, Manuel Garrido y Mario Negri quienes consideraron que "llama poderosamente la atención que un juez decida interrumpir un procedimiento que él mismo fundamentó con el solo pretexto de que una dependencia del Poder Ejecutivo 'le merece toda la confianza'".

Los denunciantes recordaron que Oyarbide archivó tiempo atrás una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Liuzzi. Esta investigación ahora se reabrió y también está a cargo de Rodríguez.