La iniciativa propone una migración "progresiva y gradual" desde la situación actual -en la que los equipos informáticos del Estado son, con excepciones, de carácter privativo- "hacia el uso exclusivo de programas informáticos de formato libre" en los sistemas operativos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, entes descentralizados, empresas con participación estatal mayoritaria, Universidades nacionales y colegios secundarios dependientes de ellas.

La propuesta de siete artículos establece también que "los distintos niveles de enseñanza del Sistema Educativo Nacional incluirán en sus respectivos currículas una asignatura referida a estos programas informáticos".

Según consideró la senadora riojana, “todos los usuarios merecen tener el control de su actividad informática, pero el estado tiene además la responsabilidad de mantener el control sobre toda tarea de computación que realiza en nombre de los ciudadanos".

"La mayoría de las actividades del gobierno actualmente dependen de la informática, y el control de esas actividades depende del control que el gobierno tenga sobre su actividad informática”, señaló Luna.

Los fundamentos del proyecto destacan entre otros aspectos la importancia del software libre en la educación, "porque la educación es lo que plasma el futuro del país:

"Las actividades educativas, al menos las de entidades estatales, deben enseñar únicamente software libre (en ningún caso deben inducir a los alumnos a usar un programa privativo), y deben enseñar además los motivos cívicos por los cuales se insiste en el uso exclusivo de software libre. Enseñar el uso de un programa privativo es enseñar la dependencia, lo cual es contrario a la misión de la escuela."