La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán y enfrentará una causa judicial por la presunta designación irregular de fiscales a través de la creación de distintas Procuradurías.
 
En una primera instancia la denuncia fue realizada por el senador y consejero de la Magistratura, Mario Cimadevilla, y así el fiscal recibió copias certificadas de los “legajos personales” de los nombrados.
 
Es así que el legislador sumará a su denuncia más pruebas sobre la maniobra que realizó la funcionaria nacional. El informe, realizado por el estudio del abogado constitucionalista Gregorio Badeni, concluye que "la creación de las procuradurías, nacidas al margen de la Constitución y de las leyes, podría decirse que son órganos prohibidos por el artículo 18 de la Constitución nacional". 
 
La denuncia sobre la jefa de los fiscales por "incumplimiento de deberes" y "nombramiento ilegal de funcionarios" apunta particularmente a las designaciones de Carlos Gonella al frente de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), así como por la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) donde Gils Carbó ubicó a Félix Crous, ex fiscal en juicios por derechos humanos.
 
Según el trabajo, "la creación de estos órganos avasalla la garantía de ‘fiscal titular o natural’ porque los funcionarios que la integran no han sido nombrados de acuerdo con la Constitución y las leyes de la Nación” y “con ese título, se designa a una magistratura particular equiparable a la de los jueces”.