Julio César Grassi fue citado a comparecer el lunes próximo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Morón. Esto ocurre luego que anteayer el Tribunal de Casación Penal bonaerense ratificara la orden de su detención, por haber quebrantado las restricciones impuestas para permanecer en libertad hasta que quedara firme su condena de 15 años de prisión, por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

En dicha audiencia, Grassi deberá notificarse fehacientemente de las novedades del caso que incluyen la mencionada ratificación del pedido de detención y la confirmación de la condena a 15 años de prisión, definida esta semana por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Ayer, los fiscales Alejandro Varela y Carolina Rodríguez solicitaron ayer el TOC N° 1 de Morón la inmediata detención del sacerdote Julio César Grassi, condenado en 2009 por abuso y corrupción de menores al considerar que existe real riesgo de fuga y que fueron agotadas todas las instancias posibles de apelación en la Justicia bonaerense.

"Hay una sentencia de la Corte bonaerense y eso ya alcanza para detenerlo", dijo Varela tras la presentación. "Como lo sostuvimos todas las veces que hemos solicitado la detención, el peligro de fuga que consagraría la impunidad absoluta para el imputado, con la sentencia impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ya se hace palpable, ya que no podemos olvidarnos de la conducta del nombrado Grassi a lo largo del proceso, para lo que es menester mencionar a modo ejemplificativo alguna de sus conductas que hacen que podamos afirmar ya con certeza el peligro de fuga existente", sostuvieron los funcionarios del ministerio público en el pedido.
El juez de Casación Horacio Piombo, uno de los magistrados que anteayer ratificó la decisión de la Sala de Apelaciones de Morón al revocar el régimen de arresto domiciliario del que gozaba el prelado, confirmó ayer a LA NACION que el TOC N° 1 "es el órgano jurisdiccional de ejecución de la pena el que ahora debe efectivizar la detención".

Fuente: La Nación