Prender el ventilador o el aire acondicionado, tener encendido el televisor o usar el microondas no cuesta lo mismo en la ciudad de Buenos Aires que en Río Negro, en Entre Ríos o cualquier otra provincia del país.
 
Las facturas difieren principalmente por los costos de distribución y por la carga tributaria que cada gobierno provincial y cada municipio le agregan al valor final de la tarifa. Esto genera que haya diferencias de hasta $2700 (o aun tres veces) entre las provincias.
 
Formosa, por ejemplo, es la provincia con la tarifa residencial más barata, según cálculos privados. El consumo de 550 kilovatios por mes equivale a una factura de $959,5 de los cuales $166,5 son impuestos y el resto representa el costo de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
 
Como contrapartida, la provincia de Entre Ríos tiene el valor de la luz más caro, con una boleta que supera los $3655 por el mismo consumo de 550 kWh por mes. De ese total $1383 representan la carga tributaria y otro tercio similar equivale a la distribución de la energía.
 
Otras provincias con valores altos de luz son Córdoba ($3637), Santa Fe ($3326) y Mendoza ($2787,7). “Cada distribuidora tiene costos de acuerdo con las características del territorio y de los usuarios a los que deben alcanzar. No es lo mismo prestar el servicio en centros urbanos densamente poblados que hacerlo en el interior provincial, rural y de pequeños pueblos”, explicó Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe.
 
El valor agregado de distribución de energía –conocido como VAD- se lleva un 35% de la boleta final. Su valor lo establece cada provincia sobre la base de tres pilares: la concentración de carga (si en una manzana hay mil clientes o cinco por kilómetro cuadrado), la topografía del área de concesión (si es un terreno llano o rodeado de cerros) y la calidad del servicio (los costos de operar, mantener, administrar y expandir el sistema de distribución). Estas empresas pueden ser públicas o privadas, pero en ambos casos los precios están regulados por cada Gobierno provincial.

Fuente: La Nación