Finalmente, la Argentina firmó el pacto judicial con Brasil. El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, convalidó los términos del modelo de compromiso con las autoridades del Ministerio Público Federal de la República Federativa de Brasil, en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en ese país en los llamados casos Lava Jato y Odebrecht, según informa el diario La Nación.

Este acuerdo permitirá que los fiscales, en sus investigaciones, puedan acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por las personas que decidieron colaborar con la pesquisas de ese país a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada.

En los últimos cinco meses, la Procuración General de la Nación trabajó con las áreas de Coordinación Institucional y Cooperación Regional e Internacional de la Procuración. Tras la firma del acuerdo, destacaron que el proceso "no hubiera sido posible sin contar con la buena voluntad, intención de cooperar y comprensión de parte de las autoridades de la Secretaría de Coordinación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil", quienes reconociendo la labor de la mesa de trabajo interinstitucional, permitieron acercar las posiciones de ambas partes.

Aunque aún no trascendieron los detalles del pacto, la Procuración informó que el texto final aprobado "logra respetar los estándares derivados de convenios internacionales que los dos Estados han suscrito, los principios y normas jurídicas internas de cada país y se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil".

En rigor, el pacto hará posible traer las evidencias que desde hace 13 meses duermen en Brasil sobre las coimas de Odebrecht. Eso impactará una serie de investigaciones locales.

Uno de los casos en concreto podría darse el 24 de octubre, cuando debe declarar en Buenos Aires un exejecutivo de Odebrecht. Se trata de su exvicepresidente para América Latina Luiz Antonio Mameri, quien fue citado a indagatoria por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el presunto pago de sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento
Martínez de Giorgi también impulsa uno de los dos expedientes por otra obra pública en la que Odebrecht admitió sobornos por US$25 millones a funcionarios argentinos: la extensión de las redes troncales de gasoductos.

El otro expediente sobre esa obra quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente antes de la feria judicial y se lo remitió a De Giorgi, quien ahora puede aceptar o rechazar el pase.

En ese proyecto, otro brasileño puede contar todo lo que sabe, previa firma de un acuerdo individual: Marcio Faria. Condenado a 30 años de prisión más una multa por US$6 millones, se convirtió en delator premiado y contó en Brasil lo que sabe. Él también señaló a Corcho Rodríguez como intermediario, junto al entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.

Ambos, Corcho Rodríguez y Wagner, también fueron identificados por Luiz Antonio Mameri como los interlocutores de Odebrecht a la hora de pagar sobornos por otros US$14 millones en el tercer proyecto de obra pública que ganó Odebrecht en el país: la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas, investigación que instruyen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado.

También podrá influir la información que llegue con el pacto en la investigación a cargo del juez federal Luis Rodríguez y del fiscal Eduardo Taiano sobre la planta de reformado catalítico continuo para YPF en Ensenada, que construyó Odebrecht con un costo que pasó de 130 millones a 285 millones de dólares, más otro contrato para desmontar instalaciones y limpiar la refinería de La Plata, que saltó de $70,5 millones a $323 millones.

La Nación