El Tribunal Oral Federal Número 4 fijó la fecha en la cual comenzará el juicio oral y público contra Amado Boudou por la causa Ciccone. Será el 3 de octubre, en medio de la campaña para las elecciones legislativas.

Según se verificó en el expediente, Nicolás Ciccone se contactó con el entonces ministro de Economía Boudou para realizar el salvataje financiero de Ciccone Calcográfica a través de un acuerdo que incluía la cesión de parte del paquete accionario de esta firma.

Por el caso Ciccone también serán juzgados el titular de la firma The Old Fund, Alejandro Vandenbroele; el empresario y amigo personal de Boudou, José María Nuñez Carmona; el ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, César Guido Forcieri; el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner y al fundador de la compañía, Nicolás Ciccone. Están imputados por cohecho y negociaciones incompatibles.

Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele se reunieron en distintas oportunidades con diferentes miembros de la familia Ciccone para negociar los términos del convenio. Una vez que definieron que parte del acuerdo sería la cesión del 70% de la empresa, concretaron la operación y el traspaso de la firma.

En el auto de elevación a juicio, el juez federal Ariel Lijo sostuvo que Boudou -aprovechando su condición de funcionario público- junto con la activa participación de su amigo, José María Nuñez Carmona y de Alejandro Vandenbrole, recibió -a través de The Old Fund- el 70% de Ciccone Calcográfica de parte Nicolás y Héctor Ciccone a cambio de realizar todo lo necesario para rescatar a la empresa que se encontraba quebrada.

De esta forma convertirían al negocio en redituable para ambas partes con el objetivo final de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentos públicos.

Por esta causa, días atrás trascendió que Alejandro Vandenbroele buscaría acogerse a la ley del arrepentido ya que, según denunció, fue amenazado de muerte. A raíz de esto, sus abogados negocian con el Gobierno y la Justicia para que el empresario sea incluido en el programa de protección de testigos a cambio de colaborar con información "valiosa". En las tratativas participan, por el lado del Gobierno, a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; y, por el lado de la Justicia, al juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.