Amado Boudou concurrió esta mañana a los tribunales de Comodoro Py para declarar como sospechoso en la causa en que se investiga la introducción de datos y firmas falsas en los papeles de un viejo automóvil que el vicepresidente compró hace 20 años.

Tal como había anticipado LA NACION en su edición de hoy, el ex ministro de Economía, procesado en el caso Ciccone, presentó ante el juez Claudio Bonadio un escrito de cinco carillas donde expuso su defensa.

"Fue muy breve. Se leyó el hecho, se le dio un copia para que lo pueda repasar, se firmó y nos fuimos. No voy a hacer ningun juicio de valor, quiero leer el escrito", contó el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, en diálogo con el canal de cable Todo Noticias.

Pasadas las 10, Boudou arribó a los tribunales de Retiro, en Comodoro Py 2002, y se dirigió al juzgado de Bonadio. A diferencia de su última visita a los tribunales, cuando prestó declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo por el caso Ciccone, el vicepresidente no estuvo acompañado por sus escoltas ni por los militantes kirchneristas. Esta vez no hubo bombos, ni banderas, ni escenario portátil, ni equipos de sonido, ni cámaras, ni jirafas para transmitir en directo por TV.

LA CAUSA

Boudou prevé completar con un escrito las explicaciones que ya brindó en otros presentaciones en esta causa. Aunque a juzgar por el historial de Bonadio en los últimos meses, cuando cada funcionario que indagó terminó procesado, el entorno de Boudou no alberga muchas esperanzas de que vaya a ser sobreseído. El vicepresidente se expone así a ser procesado dos veces en 30 días.

Bonadio venía investigando a Boudou desde hacía cinco años y ya lo había citado a indagatoria en febrero de 2011, medida que luego suspendió. Ahora reactivó la causa, luego de procesar hace dos años a los gestores que intervinieron en la operación. Ésta es la clave de la defensa de Boudou: sostener que no tuvo beneficios por anotar ese auto con papeles apócrifos, que el trámite lo hicieron estos gestores, que fue ajeno a todos los pasos que se hicieron para regularizar ese vehículo, que compró en 1993 y cuya propiedad intentó regularizar en 2003.

El auto de la discordia es un Honda CRX Del Sol modelo 1992, rojo, un deportivo japonés, convertible, con techo eléctrico. La patente original del auto era B 2.423.822 y actualmente es WYT 716. La causa se inició en 2009 cuando María Graciela Taboada de Piñero, titular del Registro de la Propiedad Automotor N° 2 de la Capital, denunció que tras una auditoría comprobó que eran apócrifos los papeles de ese vehículo registrado allí.

La Nación