La Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, será llamada a declaración indagatoria en la causa judicial que la investiga por posible corrupción en la compra del edificio que ella estrenó como nueva sede de su organismo.

En Tribunales aseguraron que el llamado a indagatoria de Gils Carbó ocurrirá por dos razones. La primera, y básica, es que este paso procesal está previsto por las normas jurídicas.

La segunda, y más importante, es que la reunión de pruebas en este expediente es tan abundante y contundente que resulta inevitable que Gils Carbó declare como imputada.

El juez del caso es Julián Ercolini y el fiscal es Eduardo Taiano. Gils Carbó es la jefa de Taiano.

El expediente avanzó de tal modo, que también por primera vez la Procuradora aceptó que la información sobre esta trama, publicada por Clarín e Infobae, era suficientemente relevante como para ella suspendiera en sus funciones y le iniciara un sumario a su propio subprocurador, o sea, a su mano derecha durante cuatro años. Se trata de Guillermo Bellingi.

Gils Carbó pasó los últimos años criticando lo que decían los medios de comunicación masivos y autónomos del poder K.
Ahora cita artículos de la prensa crítica en sus resoluciones. Tiempos de cambio.
La Procuradora es una de las fundadoras de la agrupación K llamada “Justicia Legítima”, que entre otros preceptos, reclamaba, no sin cierta contaminación ideológica, la celeridad en procesos como el que ahora debe enfrentar ella misma.
Este infortunio judicial le llega a Gils Carbó sin el apoyo del poder político que antes ostentaba, a pesar de que por ley el Ministerio Público es funcionalmente autónomo e independiente de “organismos ajenos a su estructura”.

La doctora Gils Carbó será llamada a indagatoria en la causa judicial de Ercolini y Taiano para que dé explicaciones sobre la compra, realizada en marzo del 2013, de la “nueva” sede de la Procuración General de la Nación, una operación que ella misma dirigió.

La Justicia detectó que la inmobiliaria y un intermediario cobraron una comisión de un millón de dólares. Y que parte de ese dinero público fue cobrado por un hermano (por parte de madre) del recién ahora suspendido subprocurador Bellingi.
El beneficiado por la aun inexplicable comisión -pero prevista en el precio de la compra de la nueva Procuración- es el corredor de seguros Juan Carlos Thill.

La Justicia allanó las oficinas de Bellingni en la Procuración -un puesto clave en la fiscalía que investiga los delitos de lavado de dinero y financieros- y también su domicilio particular.

El juez Ercolini y el fiscal Taiano ya tienen en su poder documentación que indica que tanto la inmobiliaria que intermedió en la compra-venta de la “nueva” Procuración, como el privilegiado comisionista Thill, ya sabían que el edificio que ellos querían vender sería justamente el elegido por la licitación que se públicó tres días después de que ellos ya hablaran del éxito de su negocio.

La hipótesis judicial es obvia: la licitación fue “armada”.

La Procuradora se anticipó a su indagatoria y presentó un escrito en la causa judicial a modo de defensa.
Palabras más, palabras menos, ella explicó que la comisión fue un arreglo entre los privados que participaron de esta trama.

Aun así, decidió suspender a su segundo, Bellingi. ¿No es contradictoria una cosa con la otra?

Ocurre que también dio a entender que pudo ser víctima de un subordinado infiel y corrupto. Sus voceros la intentaron defender con argumentos muy precarios. En nombre de su jefa, afirmaron que si algún funcionario del Ministerio Público Fiscal cometió un delito le será aplicada la ley. 

Clarín