Una semana después de que salieran a la luz las objeciones de la fiscal Gabriela Boquín al eventual acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino , la empresa se presentó ante la Justicia para defender su actuación, negar irregularidades y, por el contrario, cruzar en duros términos a la funcionaria del Ministerio Público.

Mediante un escrito firmado por el presidente y uno de los abogados del Correo, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, la empresa planteó que la fiscal Boquín incurrió en numerosas "inexactitudes", barajó cifras sobre el supuesto perjuicio fiscal de un modo "llamativo y espurio" y arribó a "conclusiones erróneas" con, afirmaron, notoria "liviandad".

"La Señora Fiscal no puede ignorar que: (i) ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; (ii) que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna; y (iii) que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos", afirmaron.

De ese modo, el Correo fijó su posición ante los dictámenes que la Fiscalía General en lo Comercial presentó en el expediente del concurso de la compañía en rechazo al acuerdo que la empresa del Grupo Macri selló con el Ministerio de Comunicaciones pero que ahora debe ser evaluado por la Cámara de Apelaciones del fuero.

En esos dictámenes, Boquín estimó que el eventual acuerdo resultaba "abusivo" y que en realidad implicaba una "condonación de deuda" y "más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago", ya que ofrecía una tasa del 7% de interés y en pagos hasta 2033 en un contexto inflacionario, tras 16 años de concurso.

Para el Correo, sin embargo, "la propuesta no es abusiva, ni implica una condonación de ningún tipo", afirmaron, al tiempo que "alcanza al 100% del crédito del Estado Nacional en términos nominales más un 7% de interés".