Luego del decreto que modifica el sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART),  el secretario general de la CGT local, Ricardo Magallanes afirmó: “El decreto que cambia el régimen es inconstitucional y  profundiza la flexibilización laboral”.
Sostuvo que el trabajador ni siquiera podrá acudir a la Justicia laboral en muchos  casos.

“No hay necesidad, ni urgencia sino que es un nuevo ajuste, es un paso más a la desprotección laboral de los trabajadores”, agregó.

Por otra parte, el dirigente dijo que el sistema a implementar es muy complejo y deja sin resguardo al trabajador. “Hay compañeros que quedarán lisiados, sin poder seguir trabajando, y despedidos sin una posibilidad de sustento a futuro, es algo muy complicado”, finalizó Magallanes.

Sobre el decreto

el presidente Mauricio Macri dispuso mediante los decretos 54/2017 (sobre Riesgos del Trabajo), 52/2017 (sobre Feriados Nacionales) y 51/2017 (sobre la situación de congestionamiento de mercaderías arribadas al territorio aduanero argentino, sin destino aduanero), los cambios en cuestión.

El jefe del Estado aceleró la salida del decreto de necesidad y urgencia que modifica el régimen de ART con el objetivo de reducir el incremento de demandas judiciales en contra de las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad.

Si bien el proyecto de ley ya tenía media sanción del Senado, Macri apuró el decreto y no esperó que finalice el tratamiento del proyecto en el Congreso para evitar que se sigan amontonando expedientes en los tribunales. Un dato: en 2016 se activaron casi 124.776 juicios laborales, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Las ART califican la situación actual como inviable por el fuerte incremento de la litigiosidad: de cada 100 accidentes laborales ocurridos en Buenos Aires, 38 presentan demandas. Desde 2003, la cantidad de juicios se multiplicó por 40, indican desde el sector. Los reclamos acumulan, en la actualidad, unos 4500 millones de dólares, lo que tiene un alto impacto sobre el salario bruto. El nuevo esquema establece un trámite administrativo a través de las comisiones médicas que deben analizar los casos de accidentes laborales, las que tendrán que expedirse en un plazo perentorio de 60 días.


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