Massa aseguró tener un "compromiso" con el senador Pichetto para discutir pronto el proyecto, que ya fue aprobado en Diputados; Cambiemos quiere votar en agosto
Aprobado en Diputados, el proyecto de ley del arrepentido para casos de corrupción no tendría discusión en el Senado hasta agosto, aunque hay sectores en la oposición que buscan acelerar su tratamiento.
Lejos de la demora que quiere imprimirle el oficialismo a la discusión -como La Nación reveló esta semana-, Sergio Massa exigió hoy que haya un "rápido tratamiento".
El líder del Frente Renovador aseguró tener un "compromiso" con el senador Miguel Ángel Pichetto (Río Negro), jefe de la bancada del mayoritario Frente para la Victoria (FPV).
"Tengo el compromiso de Pichetto, a partir de una reunión de trabajo, del rápido tratamiento tanto" del proyecto de ley de "extinción de dominio como del arrepentido", señaló Massa en una entrevista en radio Mitre.
El proyecto de ley ingresó el lunes pasado a la Cámara alta pero en Cambiemos aseguraron que no está entre las prioridades. De hecho, recién se discutiría en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico -extinción de dominio también será discutido por la de Presupuesto y Hacienda- a fin de julio, para luego pasar al recinto el mes próximo. "La sociedad argentina se merece tener una ley que permita que" quienes cometieron delitos desde la función pública "devuelvan la plata que se robaron", dijo Massa.
El jueves 23 de junio, Diputados le dio media sanción a la ley con apoyo casi unánime -incluso votaron los legisladores del FPV-. La ley del arrepentido propone beneficiar con una reducción en su pena a todo aquel imputado que brinde información "precisa, útil y verosímil" que le permita a la Justicia avanzar en una investigación. No podrán acogerse a esta figura aquellos funcionarios susceptibles al proceso de juicio político (como el presidente, los ministros del Poder Ejecutivo o los jueces que integren la Corte Suprema); tampoco podrá aplicarse en las causas sobre delitos de lesa humanidad.
A su vez, la ley de extinción de dominio permite que aquellos bienes de origen ilícito puedan ser recuperados por el Estado sin necesidad de una condena previa de la persona acusada.