"Si me investigan a mí, investiguen a todos", dijo Lázaro Báez. Y no quedaron afuera ni políticos ni empresarios. En una elíptica alusión a la ex presidenta Cristina Kirchner, Lázaro Báez reclamó a la Justicia que investigue a empresarios, entre ellos Cristóbal López y otros vinculados al macrismo, y a "las máximas autoridades del Poder Ejecutivo", del Congreso, pero también a la oposición, por la obra pública realizada "en los últimos períodos de gobierno" en la Argentina.

Mencionó entre aquellos a los que se debería investigar a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y titular de la constructora Iecsa SA, como el tercer empresario por volumen de negocios con el Estado. Y también a sus socios y ex socios. No quiso dejar a nadie afuera.

Báez había pedido además una audiencia a la Cámara Federal para defenderse personalmente, lograr que revoquen su procesamiento y buscar la libertad. El tribunal lo citó para el 6 de junio, a las 11.15.

Báez, preso desde hace dos meses por lavado de dinero, será más amplio ante los jueces de la Sala II de la Cámara Federal. Martín Irurzun, presidente de la Cámara, le preguntó si quiere que su audiencia sea ante los periodistas.

Por lo pronto, en su escrito presentado ayer ante Casanello fue duro, mordaz, con el juez y dejó mensajes políticos para otros destinatarios fuera del expediente. "Es la administración quien selecciona las empresas contratistas", escribió Báez, y dijo que lo hace a través de licitaciones que son el mecanismo que asegura transparencia. Sostuvo que este proceso está controlado no sólo por los funcionarios de la misma fuerza política, sino que son "observados, evaluados, auditados por el conjunto político de representantes del pueblo y de las provincias".

"Esta modalidad de contratación se inscribe en políticas de Estado fijadas por los representantes del Poder Ejecutivo Nacional en los últimos períodos de gobierno en lo que se conoce como el Plan Federal de Obra Pública", escribió, sin poner los nombres Néstor y Cristina Kirchner y Julio De Vido. "Esta política de Estado fue acompañada por actores de todos los partidos e ideologías políticas", dijo.

En el capítulo de los políticos no puso nombres. No hizo falta. Entendió que el juez le dictó la prisión preventiva para vengarse o para cuestionar "las políticas de Estado y/o control adoptadas por los últimos gobiernos".

"Sin embargo, los actores centrales de ellos no somos nosotros, sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (diputados y senadores, nacionales y provinciales) y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos sobre los que reposa el deber de control", dijo. Así atendió a los políticos, kirchneristas y no kirchneristas.

De los empresarios publicó una lista de 36 contratistas de obra pública nacional donde Austral Construcciones es la última en importancia y Iecsa SA, de Angelo Calcaterra, la tercera. Es la segunda vez que Báez menciona al primo del Presidente. La primera vez fue cuando dijo que ambos pensaban asociarse para hacer represas en Santa Cruz, licitación que ganó Electroingenería. Esta firma es la segunda. En la lista puso resaltado en negrita los nombres de Mario Rovella, que controla su ex empresa Gotti; Cristóbal López; Enrique Eskenazi, que recibió del kirchnerismo YPF; Felipe Gancedo; Juan Chedieck, que preside la Cámara Argentina de la Construcción, y Enrique Wagner, ex titular de la Cámara e investigado por Casanello. "Con la impronta que impusieron a la causa, todos los integrantes de esta lista deberían ser investigados", dijo Báez.

Para cuestionar al juez, Báez siguió prefiriendo una defensa técnica. La primera parte de sus 18 carillas en cuerpo 10, firmadas por sus abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, apunta a decir que el juez Sebastián Casanello no probó el delito precedente necesario para configurar el lavado de dinero. Se quejó de que el juez y el fiscal Guillermo Marijuan lo persiguen por millonario y aludió a que dicen que realizó obras con sobreprecios sin tener pruebas. Buscó desmentir las evidencias del juez para sostener que Báez lavó dinero mediante facturas truchas del grupo Suris, Patagónica Argentina, Grupo Penta, Calvento SA y Terrafori SA.

Negó que Suris -preso por narcotráfico- tenga vínculos con Austral Construcciones. Aseguró que cada empresa facturó servicios reales que hizo para Austral Construcciones, y aportó papeles que, dice, pueden corroborarlo. Báez sostiene que el juez "despreció" estas pruebas y consideró que afirmar que contrató empresas fantasma "es una aventura judicial".


(La Nación)