En el 2009, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Pero pasaron seis años sin que estos programas se implementaran.

Ahora el Gobierno nacional le otorgará un presupuesto para que, a partir de junio, comiencen a girarse fondos a las provincias para estos planes.

Sin embargo, hay un inconveniente para Córdoba: es una de las pocas provincias que aún no adhirió a la ley.

De persistir esta situación, se complicará el envío de fondos desde la Nación.

Así lo explicó ayer la directora del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Tuñez: “Uno de los artículos de la ley es de la elaboración y el diseño de un plan nacional de acción para la erradicación de la violencia de género. Se le dará prioridad, y en junio será presentado”, dijo la funcionaria, de paso por Córdoba. Agregó que ese beneficio alcanzaría a “todas las provincias adheridas. Luego el Congreso aprobaría el presupuesto para cada programa, y su distribución”.

Y concluyó que, de no adherir Córdoba hasta entonces, dicha distribución “se complicaría sustancialmente”.

Fuentes del Ministerio de Justicia de la Provincia dijeron que en estos años “no hizo falta adherir a la ley nacional porque en los hechos no implicaba ninguna diferencia”.

Aseguraron que “las prestaciones efectivas de las que habla una funcionaria nacional, el Gobierno de Córdoba las lleva adelante en el marco de la ley provincial”.

Recordaron que en marzo pasado, cuando el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, vino a Córdoba para la inauguración del Polo Integral de la Mujer en situación de Violencia “dijo que las políticas implementadas en Córdoba eran un ejemplo para todo el país”.

Los funcionarios provinciales del área dijeron que la ley nacional es muy pintoresca, pero que a la hora de hacer efectivos los recursos necesarios para implementar sus disposiciones, “nunca llegó un peso”.

Y agregaron: “Lo ideal sería que la Nación y las provincias nos sentemos a consensuar políticas de Estado, con asignación de recursos y todo”.

Reclamos

Distintos actores reclaman desde hace tiempo la adhesión a ley nacional. Desde la organización Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana) advirtieron que la provincia es la única que aún no adhirió a la ley nacional, que es “vanguardia en Latinoamérica”.

A nivel local, aseguran que la ley de Violencia Familiar de Córdoba es insuficiente, porque sólo ve la problemática en el ámbito doméstico y no en el social.

Betiana Cabrera Fasolis dijo que “adherir a la Ley Nacional significa pasar de una ley retrógrada –que es judicializadora, habla de violencia familiar y no habla de prevención y promoción– a trabajar en reformas curriculares educativas, en capacitación de oficios, por ejemplo”. Y ejemplificó que si Córdoba no adhiere a la norma, no habrá acceso “a una red de casas refugio” o a “las tobilleras geolocalizadas”.

Otros reclamos de adhesión a la ley nacional se suceden hace tiempo desde diversos bloques legislativos opositores, partidos políticos y ONG. Hasta ahora, ninguno de ellos fue tenido en cuenta por el oficialismo en la Legislatura.

Marcha por las mujeres

Manifestación. Distintas organizaciones, partidos políticos y agrupaciones de izquierda se manifestaron ayer en el centro de la ciudad de Córdoba para reclamar más acciones de prevención, luego de las últimas cuatro muertes de mujeres ocurridas en apenas nueve días. La concentración se realizó a las 18 en Colón y General Paz.

3 de junio. La manifestación fue previa a la marcha convocada para el 3 de junio en torno a la consigna de #Niunamenos, que agrupa a numerosos grupos y a movimientos que impulsan acciones de lucha contra la violencia hacia la mujer.

Abril. El 6 de abril pasado, miembros de agrupaciones de izquierda marcharon, también en el centro de Córdoba, para reclamar justicia por los femicidios de Micaela Gutiérrez, Yamila Garay y Marta Elizabeth Balmaceda, todos ellos ocurridos en marzo. 

Van 8. Desde el 27 de abril, se registraron cuatro femicidios. El último es el de Celeste Luciana Montes, ocurrido ayer.