El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, advirtió hoy que en la investigación sobre la presunta asociación ilícita de Milagro Sala y fraude con fondos públicos se revisa también una "mecánica" donde el Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido , otorgaba montos extraordinarios por obras terminadas.

El supuesto modus operandi consistía en que la cartera de De Vido otorgaba una "redeterminación de precios" por obras hasta un año después de finalizada la construcción.

Miranda señaló que las organizaciones que responden a Sala "han tenido movimientos financieros de más de 30 millones de pesos" y consideró "poco probable que se haya hecho todo esto sin aval o conocimiento de funcionarios del orden nacional".

Apuntan a la relación de la Tupac con el ministerio de Planificación.Al analizar los avances en la investigación donde participa en representación del Estado como parte querellante, el fiscal señaló: "Tenemos datos de precios de contratos que habían concluido la obra, fueron pagados y un año después el Ministerio de Planificacion [en la gestión de Julio De Vido] les otorgaba redeterminaciones de precios".

Al respecto, el fiscal jujeño explicó a radio La Red que la operatoria consistía en que "se acordó un precio, la obra se hizo, se ejecutó y luego de un año el estado le otorgaba, en algunos casos, hasta un 30 por ciento más de redeterminación". "Eso no es algo regular en una contratacion directa", acotó.

Desvío de fondos

Respecto del desvío de fondos que se investiga en Jujuy en torno a Sala, dijo: "No sabemos cuál fue el destino que se les dio, si compraron inmubles o vehículos. Si supiéramos cuáles fueron podríamos llegar a embargar y recuperar parte de los fondos". En ese marco, recordó que a Sala se la investiga por un faltante de "29 millones de pesos que eran de anticipo financiero para la finalizacion de obras".

Miranda resaltó que "es difícil que toda esta mecánica se haya podido llevar adelante sin el conocimiento de autoridades provinciales y nacionales".

Había cooperativas sociales que "manejaban 780 millones de pesos", destacó al señalar que el retiro de grandes sumas de dinero de la caja de un banco "más que sospechoso no es ajustado a la ley o el derecho, sobre todo por ser una cooperativa que tienen como fin la accioón social".