El Gobierno concretó hoy la declaración de emergencia en seguridad que había adelantado en diciembre. Tras sistematizar la información que surgió de la reunión que entonces mantuvo la ministra Patricia Bullrich con los responsables del área de las provincias, la Presidencia informó hoy el detalle de las medidas que se adoptarán con el objetivo de combatir los delitos complejos y el crimen organizado.

La medida, que rige por el término de un año y podrá ser prorrogada por un lapso de igual tiempo, está destinada a atacar el narcotráfico, el contrabano de armas, la financiación del terrorismo y la trata de personas, entre otros ilícitos.

Con decreto encomienda a los ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte "la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos". Ordena, además, la adquisición "del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional".

Según el comunicado que divulgó Presidencia, la aprobación de las las Reglas de Protección Aeroespacial habilita a las Fuerzas Armadas a "identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino". Y especifica que las naves declaradas "hostiles" serán aquellas que "tengan entidad suficiente para perturbar, poner en riesgo o causar un daño en el territorio nacional".

Fuentes de la cartera de Seguridad explicaron a Infobae que no se trata ésta disposición una equiparación con la denominada Ley de Derribo -que propuso por ejemplo Sergio Massa en la campaña electoral-, sino que la intención es obligar a los aviones sospechosos a aterrizar. No obstante, la notificación es clara en cuanto a las facultades que tienen las fuerzas de seguridad para obligar a cumplir el designio.

La disposición establece el remplazo del "Escudo Norte" que hasta ahora custodiaba la frontera en esa zona por el denominado "Operativo Fronteras", que tendrá carácter permanente. "Se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos, que incluye una radarización" para un control más eficiente.

El Gobierno consintió asimismo la posibilidad de llamar a servicio a personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria. Los exceptuados de eventuales convocatorias son quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias.

La coordinación de las medidas relacionadas a la emergencia estará a cargo de un Gabinete de Seguridad Humana, que se crea a partir del decreto. Además, el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder Judicial una serie de convenios para "interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales", cuyos estándares deberán ajustarse a lo que establece la Administración Federal de Ingresos Públicos.