La titular del Juzgado en lo Comercial número 36, secretaría 18, Valeria Pérez Casado, decretó la quiebra de la empresa Cresta Roja, dando por terminado el proceso judicial. La magistrada tomó esta decisión mientras se esperaba que los dueños de la avícola, perteneciente a Rasic Hermanos, presentaran una propuesta de salvataje.

La medida de la jueza Pérez Casado se conoció en el mismo momento en que delegados de la compañía ingresaban al Ministerio de Trabajo para negociar con el titular de la cartera laboral, Jorge Triaca.

Durante la mañana, trabajadores de la avícola que protestaban en la autopista Riccheri se enfrentaron con efectivos de la Gendarmería, que buscaban impedir el corte de esa vía de acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza. Durante los incidentes varios manifestantes sufrieron heridas por balas de goma.

Ahora, decretada la quiebra, se iniciará un proceso de liquidación de activos que tendrá como propósito retomar la actividad y resguardar las fuentes de trabajo de la segunda avícola más importante del país.

Antes de la quiebra, la jueza estaba a la espera de un aporte de 100 millones de pesos que habían comprometido el Gobierno de Daniel Scioli y de las autoridades nacionales anteriores, pero nunca llegó.

Legalmente, la quiebra no se dispone en el concurso preventivo sino por un pasivo posconcursal y como consecuencia de la inviabilidad de la compañía. Además, con el fallo, la magistrada dio intervención al Poder Ejecutivo y por ello deberá resolver la situación del personal y de la firma. Por eso, ante la falta de compradores, la jueza dispuso la clausura definitiva y ahora se espera que ingrese algún comprador.

Cresta Roja había entrado en convocatoria de acreedores en julio de 2014 con un pasivo de más de 1.500 millones de pesos y pese a la ayuda oficial no pudo normalizar la producción.