Sin duda que la democracia instaurada en 1983 es la más sólida de toda la historia argentina desde la Ley Sáenz Peña de 1912. En ese sentido, las preocupaciones en torno de la transición de la dictadura a la democracia que desvelaron a políticos e intelectuales durante los 80 han quedado definitivamente superadas. En 1983, el partido radical derrotaba por primera vez en elecciones libres y sin proscripciones al justicialismo que, de esa manera, perdía su cualidad simbólica de mayoría inexorable. Seis años más tarde, el presidente de un partido le entregaba las insignias a otro de uno diferente; hecho que no conocía precedentes desde 1916. El fenómeno se reeditaría diez años más tarde, y debería volver a ocurrir en menos de dos días.



Sin embargo, superadas las preocupaciones en torno de "la transición" reaparece el de "las transiciones". En efecto, la mayoría los cambios de gobierno antes citados estuvieron flanqueados por revulsivos socioeconómicos brutales que, allá por 2001-2002, redujeron a la ancha avenida democrática en un estrecho desfiladero. En 1983, Raúl Alfonsín asumía la presidencia de un país devastado por una reestructuración socioeconómica apenas por entonces intuida, y que habría de hacerse perceptible solo en el transcurso de esa década hasta el colapso hiperinflacionario de 1989. En medio de este último, con su correlato de saqueos y de una conmoción social desconocida pero elocuente de los alcances de tal reconfiguración, el presidente radical debió adelantar la entrega del gobierno en seis meses.



Carlos Menem terminó su primer gobierno en medio de una nueva crisis económica de la que el país salió airoso aunque a costa de una profundización de la exclusión social. Su segundo gobierno concluyó en la penuria de su desfasada convertibilidad. Y si bien protagonizó la transición más civilizada desde 1928, su sucesor, el radical Fernando De la Rúa habría de naufragar dos años después en medio de una conmoción que superaba con creces a la de doce años antes. Tras su renuncia, sobrevino una enorme confusión acerca de sucesiones y acefalías hasta que el Congreso acotó la crisis política eligiendo en asamblea legislativa al senador Eduardo Duhalde como presidente provisional con el mandato de concluir el del renunciado presidente De la Rúa. Tampoco habría de ser posible: la crisis económica parecía indomable hasta que la feroz devaluación acompañada por la pesificación asimétrica y el milagro del alza del precio de la soja generaron un alivio inesperado. En el medio, la muerte por la policía de dos militantes en el Puente Pueyrredón obligó al presidente provisional a anticipar las elecciones y a entregar el mando, como en 1989, seis meses antes a su sucesor Néstor Kirchner.



Las sucesiones en la era kirchnerista devinieron en un "asunto de familia". Kirchner le entregó los atributos a su esposa que fue reelecta cuatro años más tarde. Imposibilitada de una nueva reelección, el candidato oficialista fue derrotado por una coalición opositora que lleva a la presidencia a Mauricio Macri. Esta coyuntura incuba otra novedad: por primera vez, asumirá un gobernante democrático que no es radical ni peronista. Sin embargo, la situación dista de revestir la normalidad que podría suponer cualquier observador externo de la realidad argentina. La presidente saliente destrató a su sucesor en el primer encuentro para negociar una transición tranquila y prácticamente obturó todas las vías de acceso a la información de los ministerios a las nuevas autoridades. Continuando la saga de irregularidades, poco después suscitó una curiosa "querella de las investiduras" en torno de la entrega de los atributos del mando de final abierto pero previsible.



A diferencia de 1989 y de 2001-2002, la transición no se produce en un contexto de colapso económico. Sin embargo, aparecen en el horizonte oscuros nubarrones bastante parecidos a aquellos de 1999, anticipatorios de lo que ocurriría dos años más tarde con el agravante de desconocer las nuevas autoridades el estado real de la situación por el simple y sencillo hecho de no contar con información ni con estadísticas confiables luego de su destrucción sistemática desde 2007. Se desconoce el estado de las reservas, de los fondos del Anses, intuyéndose, como en 1983, una situación lo suficientemente catastrófica como para que las nuevas autoridades deban afinar sus pericias logísticas. Un desacierto, una crisis de las múltiples expectativas suscitadas por el cambio –además de la malicia de los despojados por las urnas- podrían perfectamente colocarnos en el curso de días o meses en una situación tal vez no similar a las de 1989 0 2001 pero sí a otras intermedias como los saqueos de fines de 2012 reiterados un año más tarde o la masiva ocupación del Parque Indoamericano en 2010.



Sin duda, entonces, la democracia argentina perdura. Sin embargo dista de exhibir sus rasgos de normalidad. Será una deuda pendiente a saldar en los próximos años y solo en tanto aprendamos a respetar a las instituciones republicanas y a generar reglas de juego socioeconómicas racionales y marcos jurídicos previsibles.

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