Las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción no ocultan su preocupación por la deuda creciente que la Dirección Nacional de Vialidad acumula con los contratistas. El tema fue uno de los analizados (puertas adentro) durante las jornadas de infraestructura realizadas en esta ciudad la semana pasada, que coincidieron con la 128» reunión del Consejo Federal.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la Cámara, Juan Chediack, estimó que el organismo tiene "tres presupuestos comprometidos" (este año contó con $ 20.000 millones). En ese marco, ya por julio se congelaron las licitaciones, y las autoridades adelantaron que no habría nuevas. En un período electoral el anuncio sorprendió a las constructoras.

Chediack detalló que la deuda vencida con las empresas es de $ 11.000 millones; la pendiente por construcciones terminadas suma $ 40.000 millones, y hay otros $ 25.000 millones de licitaciones no ejecutadas.

"Los costos de las obras tienen que ver con los plazos; si se estiran los tiempos crecen los costos y aumenta la pérdida de rentabilidad, que ya está reducida -dijo-. La inflación debe ser controlada, porque es un elemento perturbador."

Fue a través de la circular 2 de la Dirección de Vialidad que las empresas, al comenzar julio, se anoticiaron de las suspensiones: "En el marco de expresas instrucciones recibidas desde la Secretaría de Obras Públicas, pongo en vuestro conocimiento que no se efectuarán a partir de la fecha llamados a licitación y, asimismo, se suspenderán los trámites licitatorios que se encuentren en curso, sea cual fuere el estado de avance de los mismos (licitaciones de obras, trámites de análisis de ofertas, preadjudicaciones y contrataciones)". La nota fue publicada por LA NACION el 21 de julio.

A la luz de los números revelados por Chediack, la medida respondió a la brecha -que no dejaba de ensancharse- entre lo presupuestado para este año y los fondos devengados y adeudados y obras por adjudicar a punto de comenzar. Las constructoras esperaban una ralentización del ritmo, pero la resolución directamente planteó el corte.[Click Aquí]Chediack apuntó que este año el presupuesto para el área vial creció 37% respecto de 2014, pero "sigue siendo insuficiente. No sólo porque se requieren obras nuevas, sino porque hace falta mantenimiento, ya que el índice de estado de la infraestructura empeora".

Guillermo Cabana, presidente de la Asociación Argentina de Carreteras, estimó durante las jornadas que el plan vial "de mínima" que requiere el país implica la inversión del 1,5% del PBI por año durante una década.

Cabana afirmó que el impuesto a los combustibles aporta $ 50.000 millones al año, lo que permitiría mejorar la inversión vial, que -como mínimo- debería duplicar esa cifra. "Se ha hecho mucho en los últimos años, se han incorporado cientos de kilómetros a las redes pavimentadas y se construyeron nuevas autopistas y rutas de más de dos carriles, pero no es suficiente. Hay que buscar financiamiento genuino y seguir avanzando", dijo.

Hubo coincidencia con Máximo Fioravanti, experto en ferrocarriles y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, sobre la necesidad de mejorar la infraestructura de ese sector que -para carga- es más competitivo que el transporte automotor. Señaló que el costo directo en tren, a partir de una distancia de 300 kilómetros, es la mitad. Tres de cada diez camiones circulan con sobrepeso, con lo que eso implica como "daño para la ruta; cuesta menos mantener vías que pavimento".

Estimó que hay que avanzar hacia un sistema que libere la competencia entre los prestadores (hoy cada concesionario es dueño de su territorio) y mejorar la economía de escala. El valor mínimo aconsejado es de dos a cuatro millones de toneladas por kilómetro de vía por año; en la Argentina hoy es de 600.000; en Brasil, 11 millones, y en México, cuatro.

En la reunión del Consejo Federal de la Cámara se presentó oficialmente el trabajo "Pensar el futuro; construcción y desarrollo 2016-2025", que será entregado a todos los candidatos a presidente. Impulsa un plan de inversión en infraestructura económica y social para la próxima década equivalente al 25% del PBI, para crecer 5% anual.

El reporte establece metas y prioridades y estima los efectos que implicaría aumentar la inversión ("planificándola") en el sector. Entre otros beneficios, la cantidad de empleados formales del sector pasaría de 420.000 a 630.000 en diez años.