derrame de agua con solución cianurada en la cuenca del río Jáchal, en San Juan, empieza a transformarse en una bisagra en materia de contaminación ambiental: la empresa canadiense Barrick Gold, a cargo de la operación de Veladero, relevó a su cúpula; la ONU realizará el monitoreo de las aguas de los ríos tras el vuelco; el Senado sesionará en el pueblo de 30.000 habitantes y toda la actividad teme por su futuro.

Ayer, en un comunicado, Barrick informó que "un equipo de expertos profesionales y técnicos de Canadá y de distintas operaciones de la compañía en el mundo, arribó a San Juan el pasado miércoles y ya se encuentra en Veladero a cargo de la Gerencia General Operativa, las funciones operativas específicas y las de control medioambiental".

La empresa detalló que 15 personas fueron desplazadas hasta que concluya la auditoría externa para deslindar responsabilidades al tiempo que la Justicia pueda investigar los hechos. Entre los separados se encuentra el gerente general de Operaciones, Antonio Adames, máximo responsable de la actividad de la mina sanjuanina.

Estas personas comenzarán a declarar mañana en la causa penal que investiga el juez Pablo Oritja. En ese parte de prensa, Barrick reiteró que, según sus mediciones, "no existe presencia de solución cianurada en ninguno de los cursos de agua de las cuencas hídricas desde la mina Veladero hasta la localidad de Jáchal"

"No hay motivo alguno que haga suponer que puedan registrarse variaciones de estos resultados, a pesar de lo cual se seguirá de manera preventiva monitoreando exhaustivamente toda el área de influencia", agregó la empresa.

En Jáchal la población está en estado de movilización permanente. El accidente minero ha tomado dimensiones nacionales. La Comisión de Recursos Naturales del Senado se reunirá mañana en la capital provincial.

"El miércoles [por mañana] empiezan las declaraciones ante la Justicia. La gente más afectada es la que vive en Chinguillo, Maliman y Angualasto. A ellos hay que atender", explicó a LA NACION Diego Seguí, representante legal de Saúl Ceballos, el ciudadano de Jáchal que presentó la denuncia penal. El abogado precisó, además, que requirió los primeros monitoreos realizados por Barrick, que, según la empresa, fueron realizados por un laboratorio externo. "Ese detalle nos dará la pauta de qué cantidad de cianuro se derramó", agregó.

El juez investiga si hubo "negligencia humana" y busca determinar por qué falló el plan de emergencia. Apunta a una compuerta que quedó abierta cuando debió estar cerrada para evitar el paso de la solución cianurada hacia el río.

Mientras tanto, avanza la propuesta de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para realizar, a pedido del gobierno de San Juan, un monitoreo del agua superficial y subterránea de los cursos afectados por el derrame de los 224.000 litros de agua cianurada que habría contaminado los ríos Las Taguas, Potrerillos y Blanco, de la cuenca del Jáchal.

"Una misión de expertos se desplazó a Malimán y Angualasto para tomar contacto con la población y los cuerpos de agua de la zona. Se procedió al reconocimiento de las tomas de agua y se recogieron muestras preliminares", indicaron en la Unops a LA NACION. Estas dos poblaciones son las más cercanas a Veladero, que está a unos 350 kilómetros de la capital sanjuanina.

El monitoreo incluye aguas superficiales y subterráneas porque, según los expertos, la velocidad de las correntías es diferente. Es por eso que los potenciales contaminantes también se trasladan diferencialmente. "No se puede sacar sólo una foto del estado del agua en la cuenca. Es necesario un monitoreo continuo porque hoy puede ser que no se detecte cianuro y sí en 60 días", agregaron en la Unops.

La Unops estaba trabajando en un proyecto con el Ministerio de Minería de San Juan para auditar los procesos de capacidad de gestión y de control ambiental de cuatro proyectos mineros, incluido Veladero. Ese estudio, aún en proceso, comenzó en octubre pasado y tiene una duración de 18 meses.

Tras el accidente, el 13 del actual, el gobierno provincial pidió la intervención del organismo para realizar este monitoreo. La única condición del ente internacional es que los estudios sean dados a conocer públicamente a la población afectada.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) envió un comunicado para solidarizarse con los afectados: "(Caem) Se pone a disposición de las autoridades departamentales, provinciales y nacionales para colaborar con sus especialistas técnicos en el esclarecimiento de los hechos y en el monitoreo de sus eventuales consecuencias, de modo de restaurar, tan pronto sea posible, la tranquilidad respecto del consumo seguro de agua en la zona".

No se volvieron a escuchar declaraciones temerarias sobre tomar medio vaso de agua con cianuro, pero el comunicado manifiesta la preocupación por el futuro de la actividad en el país: "Nos permitimos hacer un llamado a la reflexión y el diálogo a los involucrados para evitar que se utilice este incidente como elemento para cuestionar la legitimidad de una industria lícita y necesaria, de la que se benefician decenas de miles de trabajadores en forma directa y la ciudadanía en general, a partir del desarrollo económico y social que genera".

En Jáchal y los otros pueblos esperan volver a su vida cotidiana. "Sólo se habla de Veladero", dicen cuando se consulta a los pobladores, que lo único que piden es que se los informe primero. (La Nación)