Cada escuela, en lo posible, contará con un cuarto oscuro extra, para guardar boletas bajo llave; cada partido llevará boletas extras, sus fiscales de mesa y un fiscal por cada escuela; los presidentes de mesa deberán revisar las papeletas cada diez votantes; las actas de escrutinio se confeccionarán por duplicado.

Además, los camiones del Ejército que transporten las urnas tendrán GPS; los partidos podrán controlar con fiscales la carga de datos que hace el correo y, además, las agrupaciones deberán ser informadas del orden que seguirá el Correo para hacer la carga de los sufragios.

Ésas son algunas de las muchas instrucciones que dio el tribunal, integrado por Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, que ayer, en un acuerdo extraordinario, dictó la Acordada 111, con la cual tratan de acotar el riesgo de que se repita un escenario similar al que vivió Tucumán hace tres semanas.

Ese temor está más que latente. Y la Cámara, que a mediados del mes pasado dictó una acordada pidiendo al Poder Ejecutivo y al Congreso que tomen las medidas necesarias para evitar sospechas, ayer dejó expresamente que existe ese riesgo.

"A raíz de las elecciones locales celebradas en Tucumán -ajenas a la competencia de la justicia nacional electoral- cobraron inusitada repercusión algunas de las preocupaciones anticipadas por el Tribunal, a las cuales se agregaron numerosos conflictos y denuncias de ilícitos cometidos en dichos comicios provinciales, que proyectaron efectos negativos en los niveles de confianza de la opinión pública sobre la legitimidad de todas las elecciones", escribieron los jueces Dalla Via y Corcuera.

Ayer mismo, la Cámara también dictó junto con esta acordada otro fallo que comprobó la existencia de irregularidades en las PASO en Chaco: a pedido del Frente de Izquierda, Corcuera y Dalla Via ordenaron la apertura de urnas y corroboraron que el FIT había alcanzado el 1,5 por ciento que lo habilita a pasar a las generales. En escrutinio definitivo esa agrupación recuperó muchos votos que no le habían computado.

Precisamente, fueron aquellas denuncias de fraude en Tucumán y otras irregularidades detectadas en distintas provincias las que, hace diez días, llevaron a la CNE a recibir, primero, a representantes de unas treinta ONG y, luego, a escuchar a referentes de la oposición.

En esta última reunión, el lunes, participaron Mario Negri (UCR), Patricia Bullrich (Pro), Adrián Pérez (Frente Renovador), Omar Duclós (GEN) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica-ARI), junto a Luis Lusquiños (Compromiso Federal), quienes les llevaron a los jueces numerosas propuestas. Y el martes los apoderados de esas agrupaciones aportaron más detalles de sus preocupaciones y de las medidas que podrían contribuir a la transparencia de los comicios.

La acordada dictada de ayer es el fruto de esas reuniones y, según anticipó Negri en aquella reunión, ahora los partidos solicitarán una audiencia al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y al director nacional electoral, Alejandro Tullio, para que faciliten los medios para llevar cabo los cambios. (La Nación)