Cristina Kirchner dice que no, pero los documentos muestran que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con el empresario patagónico Lázaro Báez son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.

Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.

Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.

El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.

Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.

"Si soy amiga de él [por Báez], soy más amiga de otro; necesita mejores amigas", ironizó la Presidenta, mientras comparaba al empresario santacruceño con otros contratistas de obra pública que, de acuerdo con un listado difundido por el Ministerio de Planificación Federal, habían recibido más fondos desde el Estado nacional.

Esa documentación requerida por Bonadio se encuentra en poder del juez Daniel Rafecas, ahora a cargo de la causa.

La orden del juez Bonadio era que sus colaboradores se presentaran junto a agentes de la Policía Metropolitana en la sede de Negocios Inmobiliarios, en la calle Néstor Kirchner 496 de Río Gallegos, y pidieran toda la documentación por las buenas, pero aclaró que si recibían una respuesta negativa, procedieran al allanamiento del local, donde también mantienen su sede fiscal las sociedades Idea y Hotesur, controlante del Alto Calafate.

Y así fue. Primero los atendió una empleada, que los derivó al encargado, que les dijo que quería llamar a un abogado, Angel Jesús Vázquez -que integra la lista de conjueces que armó la Casa Rosada para el Juzgado federal de Río Gallegos-. Cuando a los 10 minutos apareció el letrado, les dijo que allí "no había ningún tipo de información referente" a lo que buscaban.

Entonces sí, la visita mutó en allanamiento. Y a medida que hurgaban se encontraron con un verdadero tesoro de documentos que vinculan a los Kirchner con Báez.

El operativo, que se extendió entre las 12.40 y las 19 del lunes 13 de julio pasado, también conllevó el conteo de $ 573.221 en efectivo, y el decomiso de libros contables y societarios, como así también la copia de los archivos de los discos rígidos de cinco computadoras.

Días después, la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio de la causa que comenzó con una denuncia de Margarita Stolbizer y que quedó ahora en manos de Rafecas.

Durante el allanamiento a la inmobiliaria los emisarios de Bonadio recopilaron documentos sobre Alto Calafate y dinero en efectivo, pero también sobre la nave insignia de Báez, Austral Construcciones, constituida un mes antes de que Kirchner asumiera como presidente en 2003.

"Luego de ello, y continuando con al requisa, más precisamente en la última oficina que según dichos de Emanuel Gómez [por el apoderado de la inmobiliaria] pertenecería a Máximo Kirchner, pero no es utilizada desde hace bastante tiempo", indicó el inspector del área de Delitos y Crimen Organizado de la Policía Metropolitana que redactó el acta. (La Nación)