Un tercio de los cordobeses no trabaja por estar desempleado o porque se sumó al lote de personas que ante la falta de propuestas no buscan trabajo.

Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), un 26 por ciento de los cordobeses en condición de trabajar se sumó al estado de inactividad, un grupo principalmente conformado por jóvenes con pobre formación y sin experiencia, mujeres y hombres mayores de 45 años de bajo nivel educativo.

Sumado a los desempleados, que sumaron un ocho por ciento en el primer trimestre del año, según los datos del Indec correspondientes (7,9 por ciento para el Gran Córdoba y 8,6 por ciento para Río Cuarto), conforman un conjunto de 34 por ciento de la población económicamente activa, aproximadamente unas 300 mil personas, cada vez más difíciles de reintroducir en el mercado laboral.

Para Idesa, esta es una de las razones por las cuales la pobreza muestra un avance sostenido en Argentina. La entidad presentó por eso una serie de propuestas para reducir la pobreza basadas en la creación de empleo formal. Lo hizo ayer, en Córdoba, ante la Asociación Cristiana de Dirigentes Empresarios 
(Acde).

Propuesta

La iniciativa está basada en el trabajo con el ámbito educativo, para evitar que los jóvenes tengan las mismas dificultades que hoy tienen sus mayores, como también en la reducción del costo laboral.

Jorge Colina, jefe de Investigaciones de Idesa, explicó que hoy el costo laboral es el factor más importante por el que no crece el empleo formal, por lo que propone reducir las cargas salariales fijando un “mínimo no imponible”, como se aplica en materia impositiva.

“Hoy, emplear a un trabajador en blanco es extremadamente caro. Actualmente, por cada 100 pesos que gana el trabajador, el empleador paga 150 pesos por las cargas sociales. Así, en la actividad privada los puestos formales sólo son ocupados por las personas más productivas. Pero ¿qué pasa con los jóvenes con poca formación o las mujeres?”, advirtió.

Para el economista, las personas con baja o nula capacitación sólo tienen como opción el empleo en negro de Pyme y micro-Pyme. La propuesta es aplicar las cargas sociales a los sueldos que se ubiquen por encima del salario mínimo, vital y móvil, lo que reduce el costo laboral a las pequeñas y medianas empresas e incentiva a formalizar el empleo.

Sacar las cargas sociales para las remuneraciones por debajo del salario mínimo tendría un costo fiscal de uno por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que es mínimo comparado con el beneficio de formalizar a los trabajadores que hoy están en negro, si se tiene en cuenta que actualmente la presión fiscal total ronda el 38 por ciento del PIB.

“Esta propuesta se aplica en muchos países desarrollados. La diferencia es que en estas economías todos los trabajadores pagan el Impuesto a las Ganancias, lo que es más aconsejable porque se trata de un impuesto progresivo”, señaló.

Además, educación

El análisis de Idesa parte de considerar al 30 por ciento de población que tiene los más bajos niveles de ingresos. Allí el desempleo es de dos dígitos.

Colina explica que “el mayor desafío” en materia de políticas sociales es lograr que ese grupo que no busca trabajo (integrado principalmente por las mujeres, los jóvenes que no estudian ni trabajan y los mayores de 45 años sin calificación) pueda regresar al mercado laboral.

Mientras en la clase media el 90 por ciento de las mujeres sale a buscar trabajo, en los sectores pobres busca empleo sólo el 50 por ciento, del cual el 30 por ciento sólo se emplea en negro y el 20 por ciento no encuentra trabajo.

Entre los jóvenes, según Idesa, el mayor problema se registra en el ámbito educativo, ya que, pese a la obligatoriedad de la educación secundaria, el 40 por ciento de los adolescentes no termina sus estudios.

Al respecto, recomienda a las empresas acciones directas basadas en generar cultura del trabajo –como recorridas por las fábricas– y actividades socioemocionales. También propone reactivar el sistema de pasantías.

Según Colina, hay también un grupo más complicado para reinsertar vía capacitación, por lo que recomienda la exención impositiva y la implementación de mecanismos que reduzcan la litigiosidad laboral.