Un día después de haber sido apartado del caso Hotesur, el juez federal Claudio Bonadio impulsó otro expediente contra el Gobierno: ordenó operativos en las oficinas de la Secretaría de Energía, de YPF y de Enarsa. Se llevó pilas de documentos bajo la amenaza de que si no se los daban, allanaría. Este caso, donde se investigan presuntos sobreprecios en la compra de gas por parte del Estado, apunta contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, que es uno de los imputados.

Y esto no fue todo. LA NACION supo anoche que esta misma semana Bonadio allanó además la sede del PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social, que dirige la cuñada de la Presidenta, Alicia Kirchner, en el marco de otras dos causas diferentes (ver aparte).

El caso por la compra de gas que motivó los operativos de ayer investiga compras multimillonarias. Tiene la característica peculiar de que apunta contra un ministro que, a pesar de ser un funcionario clave que maneja un presupuesto gigantesco, suele tener mejor suerte en los tribunales que muchos de sus colegas: De Vido nunca fue procesado ni se le conocen citaciones a indagatoria.

Lo que dispuso Bonadio ayer por la mañana fueron órdenes de presentación "con allanamiento en subsidio", pero finalmente no hubo allanamientos; se hizo de los papeles sin necesidad de recurrir a la fuerza. Buscaba documentación relacionada con "irregularidades en las contrataciones de los barcos regasificadores", informaron fuentes del caso. "Estados contables, licitaciones y todo lo vinculado a compras de gas", explicaron. Los operativos duraron desde el mediodía hasta las 17 y fueron encomendados a agentes de la Policía Metropolitana. Otra vez, como en el caso Hotesur, Bonadio recurrió a la asistencia de la policía que depende de Mauricio Macri. Lo mismo que en los allanamientos al PAMI y a Desarrollo Social.

¿Los operativos en la causa contra De Vido fueron una respuesta de Bonadio a la decisión de anteayer de la Cámara? Él dice que no. "No, no, obvio que no, es una decisión tomada la semana pasada", afirmó el juez (ver aparte). En su juzgado sostienen que las órdenes llevan al menos siete días firmadas, pero su ejecución se demoró, entre otros motivos, porque la Metropolitana estaba ocupada con los procedimientos del Sur.

No es la primera vez que Bonadio parece contraatacar. Algo parecido había pasado el año pasado. El mismo día que el Consejo de la Magistratura, con los votos kirchneristas, lo citó a declarar acusado de mal desempeño, él mandó a juicio oral a Guillermo Moreno, a quien tenía procesado por haber multado a consultoras que medían la inflación. El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, acusó ayer a Bonadio de estar "jugando en política". Esta nueva causa que investiga a De Vido se inició el año pasado y su objetivo, según detalla el fiscal Carlos Stornelli en su requerimiento, es investigar "las presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural en el período comprendido entre el año 2008 y la actualidad".

En este expediente se reunieron tres denuncias diferentes, dos de un abogado particular y una de los diputados de Pro Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso. Los legisladores basaron su presentación en una entrevista hecha por LA NACION a Roberto Dromi, que contó que había asesorado a De Vido y que en operaciones de compra de gas licuado por parte de la Argentina los contratos no tuvieron "los códigos de transparencia que la ley exige a Enarsa". Los diputados citaron también un comunicado de YPF que, en referencia al procedimiento de compra de gas que regía antes de la actual gestión, hablaba de "un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país", dijeron los legisladores en su denuncia. Ellos afirmaron que como funcionarios estaban obligados a denunciar los "eventuales delitos que conocieran" y pidieron que se investigara "si no constituye delito la manera en que la empresa estatal Enarsa adquirió gas licuado para proveer dicho fluido al sistema energético nacional". Puntualmente, solicitaron averiguar si hubo comisiones indebidas, "dádivas o sobornos".

Ayer, después de los procedimientos, YPF dio a conocer un comunicado en el que afirmó que se había puesto a disposición del juzgado. Informó que a partir de noviembre de 2012 había brindado "asesoramiento" y contribuido "a la gestión de los procedimientos de compras" de gas que lleva adelante Enarsa, cumpliendo con las normas aplicables. Según el documento de YPF, el nuevo procedimiento estableció un sistema transparente para elegir a los mejores proveedores con los precios más competitivos y eso "le permitió al país un importante ahorro".

Antes de los operativos de ayer, Bonadio había tomado declaraciones testimoniales a ex funcionarios de la Secretaría de Energía con el objetivo de entender cómo funcionó y cómo funciona el sistema de compra de gas. Los investigadores dicen que hoy, su primer objetivo en este caso es entender con precisión el negocio. (La Nación)