El nuevo régimen de subrogancias (ley 27.145) fue sancionado por el Congreso el mes último. La primera aplicación que hizo el Consejo generó un escándalo, porque decidió remover de la Cámara de Casación a un juez subrogante, Luis Cabral -que también es juez titular de un tribunal oral-, y lo reemplazó por un abogado que trabajaba en control de calidad de una gomería y que no tenía experiencia judicial alguna (ver aparte).

Pero ayer no se habló del caso Cabral. Esos y otros planteos serán resueltos por vía judicial, a medida que avance cada expediente. Y también se estaba hablando de eso en la plaza Lavalle, en el acto que organizó la Asociación de Magistrados contra la nueva norma.

Pero todos los camaristas, entre los que había varios de Justicia Legítima -como la presidenta de Casación Federal, Ana María Figueroa, y la de Casación del Crimen, María Garrigós de Rébori-, coincidieron en que la nueva ley plantea infinidad de problemas prácticos.

Por eso, Lorenzetti llevará todas las objeciones a sus colegas en el acuerdo del martes próximo y, luego, con el aval de la Corte, podría convocar a una reunión con el Consejo, para pedir que se suspenda o aplace la aplicación de la controvertida ley.

Muchos jueces federales temen que el Gobierno haga un uso político de la ley para reemplazar a algún juez interino por otro más afín al Gobierno.

Pero la ley presenta otros problemas más prácticos y cotidianos: por ejemplo, hasta ahora, cuando un juez federal de Salta, La Pampa o de cualquier localidad interviene en un expediente común -sin connotación política- y es recusado o se excusa, la Cámara que es su superior lo reemplaza inmediatamente por otro magistrado que trabaje en un despacho cercano. En cambio, ahora, el que decidirá será el Consejo, que está en la Capital y cuya intervención puede demorar meses.

Los camaristas fueron exponiendo, uno otras otro, sus reclamos ante Lorenzetti, que tomaba nota. Y las objeciones de todos ellos contra la nueva ley fueron variadas:

Hubo una aceptación general de que los planteos judiciales tienen que ser resueltos por la Justicia. Por eso, se decidió tácitamente no mencionar el caso Cabral y, en cambio, todos los cuestionamientos apuntaron a advertir que esa ley, si se la aplica tal como la redactó el Congreso, producirá un colapso en los tribunales ya de por sí lentos.
En lo que sí hubo un consenso generalizado fue acerca de que el régimen anterior al que acaba de sancionar el Congreso era mejor.
La nueva ley le da al Consejo un excesivo margen de discrecionalidad para nombrar jueces interinos por mayoría simple.
Los listados de abogados subrogantes que elaboró el Consejo y que aprobó el Senado -son todos abogados kirchneristas-, más allá de cualquier objeción política, tampoco están bien confeccionados, porque se incluyeron abogados que en muchos casos viven a cientos o miles de kilómetros de los tribunales donde deben actuar y ni siquiera ellos mismos quieren trabajar allí. O, en otros casos, son funcionarios de un gobierno que no desean desempeñarse en la Justicia o son afiliados a partidos políticos.

Muchos camaristas del interior explicaron que en sus tribunales sólo hay uno o dos jueces titulares y cuando van a buscar suplentes entre los listados aprobados por el Senado se les presentan esos problemas.

Por otra parte, si en cada una de las miles de causas donde se plantea la separación de un juez -por excusación o recusación- hay que enviar el pedido al Consejo para que nombre al reemplazante, la parálisis se volverá total en pocos días. Por eso, Lorenzetti y los jueces acordaron que consultarán con sus colegas y elevarán por escrito a la Corte cada una de las observaciones. También hubo consenso en que la solución más importante es completar los cargos mediante concursos y que las subrogaciones sean excepcionales.

Por eso, la propuesta es que el Consejo, más allá de lo que diga la ley, vuelva a delegar en las propias cámaras la solución inmediata de elegir a los jueces subrogantes..(La Nación)