Más allá de los normales dolores de cabeza que genera, la contabilidad pública se ha vuelto un gran problema para el gobierno de Brasil, y acarrea ahora un serio riesgo político. En una decisión inédita, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) exigió ayer a la presidenta Dilma Rousseff explicaciones sobre irregularidades ocurridas durante su primer mandato que, de confirmarse como violaciones de la ley de responsabilidad fiscal, podrían servir de base para un proceso deimpeachment en el Congreso.

Por unanimidad, los nueve integrantes del TCU apoyaron la propuesta del magistrado Augusto Nardes, relator del caso, para postergar por 30 días la decisión de aprobar o rechazar las cuentas del gobierno de los últimos años. En ese plazo, Dilma deberá presentar por escrito aclaraciones a los numerosos "indicios de irregularidades" que el tribunal halló, entre las que se destacan la demora de transferencias a los bancos públicos -Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social- para pagar programas sociales entre 2013 y 2014, además de obtener préstamos sin autorización del Congreso, presuntamente con el objetivo de ocultar el déficit fiscal. Las "distorsiones" advertidas por el análisis del TCU superan los 90.000 millones de dólares.

"Es necesario decir basta a esto. La ley de responsabilidad fiscal no puede ser tirada por la ventana. No fueron fielmente observados los principios legales y las normas constitucionales. Todos deben someterse al imperio de la ley. No podemos actuar diferente si queremos consolidar la democracia brasileña", resaltó Nardes al emitir su voto.

Desde el gobierno ya se temía una condena del TCU a las "pedaleadas" fiscales de los últimos años y anteayer envió al abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, y al contralor general de la Unión, Valdir Simão, a dar explicaciones sobre las maniobras emprendidas en el pasado por el equipo liderado por el entonces ministro de Economía, Guido Mantega.

Los emisarios gubernamentales advirtieron que un rechazo a las cuentas públicas podría afectar de manera muy negativa la imagen de Brasil de cara a los inversores extranjeros, en momentos en que el país atraviesa dificultades económicas, con la inflación y el desempleo aumentando y una perspectiva de recesión este año. Casi como en respuesta a estos mensajes, el juez Nardes ayer respondió con duras críticas al gobierno.

"¿Qué Brasil queremos? ¿Un Brasil en el que el Estado comanda todo, para de invertir y el país se detiene, como estamos viviendo hoy? Queremos un Brasil de credibilidad, de confianza, de respeto internacional en las instituciones", dijo el magistrado, que no dudó en elogiar los cambios en política económica del nuevo ministro, Joaquim Levy, "que está intentando arreglar las cosas".

De cualquier manera, en realidad, el mayor miedo del gobierno es que un rechazo de las cuentas públicas por parte del TCU pueda abrir las puertas para el juicio político de Dilma, como viene pidiendo la oposición desde comienzo del año. Encabezadas por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), las fuerzas políticas opositoras han intentado desde principios del año achacar a la presidenta la responsabilidad por el multimillonario escándalo de sobornos cobrados en Petrobras, esquema de corrupción del que se habrían beneficiado varios políticos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). No obstante, hasta el momento no ha habido pruebas que apunten a que Dilma haya sabido lo que sucedía en el seno de la compañía petrolera estatal.

Pese a la creciente presión de las calles, con dos masivas jornadas de protestas en marzo y abril, el presidente del PSDB, el senador Aécio Neves, principal rival de Dilma en las elecciones de octubre pasado, decidió el mes pasado no avanzar en el pedido de impeachment ante el Congreso y, bajo la recomendación de un renombrado constitucionalista, impulsar la revisión de las cuentas públicas por parte del TCU.

Si en un mes, luego de recibir las explicaciones de la mandataria, el tribunal certifica que hubo violaciones de la ley de responsabilidad fiscal, entonces sí la oposición tendría bases jurídicas para iniciar un pedido de impeachment y alejar a Rousseff del cargo mientras se realiza el juicio por "crimen de responsabilidad".

"El gobierno del PT no respetó la ley de responsabilidad fiscal. Las pedaleadas están ahí, consolidadas, caracterizadas y comprobadas. Ahora vamos a esperar la decisión del TCU, que puede tener consecuencias graves para el futuro", indicó Aécio Neves.