El representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, se sumó a las críticas al fallo de Casación de la provincia de Buenos Aires que le redujo la pena a un abusador argumentando que la víctima, un nene de 6 años, ya había sido abusado anteriormente y tenía una "orientación homosexual".

"Los argumentos de la sentencia del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires revictimizan, estigmatizan y discriminan al niño que ha sufrido el abuso sexual y desconocen un derecho fundamental reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, como lo es la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, incluido el abuso sexual, que tiene que brindar el Estado en su conjunto sin distinción alguna", dijo Incalcaterra. "Sin estas protecciones los niños son más vulnerables a la explotación y el abuso", añadió en un comunicado.

"Es imperioso que el poder judicial de la Provincia de Buenos Aires establezca un programa de capacitación continua a los operadores de justicia sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, para lo cual estamos dispuestos a colaborar", señaló.

El fallo de la polémica fue firmado por los jueces Benjamín Sal Llargués y Horacio Piombo. El Tribunal Criminal 3 de San Martín había condenado a Mario Tolosa, vicepresidente del Club Florida, a seis años de cárcel por abusar del menor de 6 años. Esa sentencia fue apelada por la defensa del acusado.

Sal Llargués y Piombo, jueces de la Cámara de Casación bonaerense, decidieron quitar la calificación "gravemente ultrajante" al abuso sexual al considerar que el menor ya había sido violado por su padre (hecho que, según el fiscal de Casación Carlos Altube, no está probado en el expediente) y aduciendo que la víctima tenía ya una supuesta "orientación sexual homosexual definida". Al quitar el agravante, la pena para el abusador fue reducida a tres años y dos meses de prisión.

SIGUEN LAS MANIFESTACIONES DE REPUDIO

El Consejo Superior del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires sostuvo en un comunicado que "sin perjuicio de la independencia en materia de interpretación que tienen los jueces al fundar sus decisiones, deben ponderar y ajustar sus resoluciones de modo tal que en ningún caso provoquen conmoción social".

En ese sentido, la entidad consideró que algunos fundamentos del fallo "contienen expresiones, calificaciones y juicios de valor que rebasando cualquier límite de interpretación razonable, ha incurrido en un grave desvío provocando un categórico rechazo por parte de la sociedad en general".

El Serpaj, varias universidades, representantes de la política y de otros sectoresya habían manifestado su rechazo durante estos días, luego de que se conociera el polémico fallo.