El kirchnerismo congeló la aplicación delnuevo Código Procesal Penal hasta marzo de 2016, según anunció ayer el presidente de la Comisión Bicameral de seguimiento del texto legal, el senador oficialista Rodolfo Urtubey.

La mayoría kirchnerista del cuerpo legislativo redactaba anoche, al cierre de esta edición, un dictamen con cambios a las normas de implementación del nuevo Código. La oposición hacía lo propio con sugerencias de modificaciones.

La idea del kirchnerismo es llevar ese informe a un plenario de comisiones de las comisiones de Justicia, Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda del Senado, que se reunirá mañana para convalidar los cambios. La declamada intención del Gobierno es llevar el asunto al recinto del Senado el miércoles de la semana que viene.

Las leyes de implementación contemplaban que el nuevo Código iba a entrar en vigencia en septiembre y de manera progresiva en diversos sectores de la justicia de instrucción de la Capital Federal.

Pero ayer Urtubey anunció que se posponía la implementación hasta el 1° de marzo de 2016, tras el final del mandado de Cristina Kirchner. Y también anunció la propuesta para poner en marcha el Código en la justicia de instrucción de toda la Capital Federal al mismo tiempo.

El otro cambio que introdujo el oficialismo es dejar de lado la creación de una comisión que iba a implementar la ejecución del nuevo Código Procesal Penal, que se preveía integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Consejo de la Magistratura, de la Procuración y de la Defensoría General de la Nación. En cambio, el kirchnerismo decidió que la propia Comisión Bicameral de seguimiento del Código era la que iba a poner en marcha la nueva norma.

Dentro de la bicameral funcionará una Secretaría Técnica y un Consejo de Asesores, integrado entre otros por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y de los gremios.

El otro cambio propuesto por el oficialismo es que los jueces puedan contar con la colaboración de secretarios, pues en el texto original se trasladaban sólo los magistrados, y su equipo quedaba con las causas remanentes.

INVESTIGACIONES GENÉRICAS

No se tocó ni una coma de la ley de Ministerio Público Fiscal, que incluye la facultad de la Procuración de realizar investigaciones genéricas ante delitos que no tengan imputados señalados. Y el Gobierno dijo que no va a modificarla.

El proyecto mereció las críticas del diputado radical Manuel Garrido, que cuestionó "la falta de controles que tendrá la cabeza de la Procuración General de la Nación". Dijo que "la procuradora podría echar a un fiscal aun cuando esté pendiente la resolución judicial de su caso; puede nombrar auxiliares fiscales sin concurso y a discreción, y no establece controles presupuestarios".

La diputada de Pro Patricia Bullrich consideró satisfactorios los cambios introducidos ayer e insistió en pedir recortes a lo que considera el poder excesivo que se le otorga a la Procuración General de la Nación, sin que existan mecanismos de control.