El técnico informático Diego Lagomarsino “no ha volcado” en la Justicia toda la información sobre su relación laboral con el fallecido fiscal Alberto Nisman y esa omisión se vincula a la “situación patrimonial” del extitular de la UFI-Amia, dijo su abogado defensor, Maximiliano Rusconi.

El letrado adelantó que Lagomarsino no tendría inconvenientes en referirse al asunto ante la fiscal de instrucción Viviana Fein si los convocara de nuevo a declarar.

La fiscal Fein y la jueza Fabiana Palmaghini estarían investigando si Nisman tenía una cuenta bancaria secreta en una entidad de Nueva York, con sucursal en Puerto Madero, y si habría puesto a Lagomarsino como uno de los cotitulares del depósito, según versiones periodísticas.

“Hay alguna información que él no volcó (al declarar) en homenaje a la memoria de Nisman y a las hijas de Nisman; si lo llaman a declarar tendrá que darla con enorme precisión y la misma transparencia (con) que actuó hasta ahora”, declaró el letrado.

Y dijo que Lagomarsino lo calló “porque tenía mucho temor, justamente, de hacer el daño que, según dice la querella, se pretende evitar en el sentido de hurgar sobre la intimidad de una persona que está muerta” y porque “lesiona la imagen de un fiscal que falleció tristemente”.

Para Rusconi, que la fiscalía y el juzgado investiguen el asunto “es perder el tiempo porque no son actividades del momento del hecho” sino anteriores, tampoco “instala ningún móvil económico”, y “no tienen nada que ver con el objeto de la investigación, es un intento de desviarla”.

En tanto, el senador kirchnerista Salvador Cabral pidió la “detención inmediata” de Lagomarsino hasta tanto se compruebe si tuvo o no algo que ver con la muerte de Nisman.

Cabral hizo el pedido en el escrito mediante el cual respondió las preguntas de Fein, a raíz de declaraciones públicas en las que sostuvo que Nisman fue víctima de un “crimen pasional homosexual”. Cabral no sostuvo esa hipótesis ante Fein, e incluso advirtió que la única declaración de la que se haría responsable sería la prestada ante la fiscalía por escrito.

El legislador misionero descartó de plano “que lo haya matado el Gobierno”, admitió como posible el suicidio aunque descreyó de los elementos de prueba arrimados a la causa en ese sentido, y abonó sin mayores explicaciones la teoría del homicidio por parte de alguien vinculado con el fiscal.

Por otra parte, la fiscal Fein ordenó a las compañías de telefonía celular Nextel y Claro que preserven toda la documentación relativa a las líneas que utilizaba Nisman. Ordenó la conservación de todo el “tráfico” que tuvieron esas líneas, incluidos mensajes de texto, chats, wasap y “todo otro” formato de comunicación que Nisman hubiera realizado, con entradas y salidas desde sus líneas. Según información que le fue proporcionada a la fiscal, las compañías telefónicas conservan sus registros de movimientos en sus servidores durante 60 días.

Fuente: lavoz.com.ar