Casa Rosada negocia con los jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py. Su objetivo es sellar una tregua con todos los magistrados que sea posible y por un plazo determinado: el 10 de diciembre próximo, día en que expirará el mandato de la presidenta Cristina Kirchner.

El secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, lidera la negociación, que en la práctica quedó en manos del secretario de Justicia, Julián Álvarez, y otros funcionarios y operadores. Entre ellos, el número dos de la ex SIDE, Juan Martín Mena, y un estrecho colaborador del ministro Julio De Vido, José María Olazagasti, a quien también señalan con funciones dentro del área de Inteligencia.

Desde Comodoro Py, dos jueces aparecen como interlocutores o "amigables componedores" con el kirchnerismo. El primero es Rodolfo Canicoba Corral; la otra, María Servini de Cubría, confirmaron a LA NACION siete jueces y fiscales. "A nadie le interesa una guerra, porque en toda guerra hay muertos de ambos lados", resumió una de las fuentes judiciales ubicadas en la primera línea de negociación. "No les sirve ni a ellos [por el Gobierno] ni a nosotros."

Los esfuerzos del Gobierno se centran, casi en exclusividad, en los expedientes que afectan a la Presidenta. Es decir, la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal Alberto Nisman y la pesquisa sobre la sociedad Hotesur, con Máximo Kirchner y Lázaro Báez como primeros actores (ver aparte). Pero el plan es acordar una tregua con el mayor número posible de jueces y fiscales de Comodoro Py, y aislar a los más díscolos. Entre otros, el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, uno de los referentes de la marcha del 18 de febrero.

A Moldes primero buscaron tentarlo. Le ofrecieron impulsar el pliego para juez de su hijo. Pero la respuesta que cosecharon no fue la esperada: "Hagan un cucurucho con ese papel y métanselo en el orto". Pasaron entonces a la ofensiva. Lo recusaron en la denuncia contra la Presidenta por presunto encubrimiento. Y hasta fueron por lo minúsculo: le retiraron el auto del Ministerio de Justicia en el que Moldes se movía desde que se lo ofreció el entonces presidente Néstor Kirchner. Según el ministro Julio Alak, la orden no la dio él, sino su segundo, Álvarez. Moldes no fue el único. El fiscal que impulsó la denuncia de Nisman contra la Presidenta, Gerardo Pollicita, recibió una llamada de Canicoba Corral. El juez le avisó que "los muchachos" estaban dispuestos a tirarle con un "carpetazo" si apelaba el veloz desistimiento de esa denuncia que firmó el juez federal Daniel Rafecas. Pollicita apeló igual.

LOS PACIFICADORES

Crítico de Nisman, de su denuncia y de quienes participaron en la marcha del 18-F, Canicoba Corral niega, sin embargo, ante quien quiera escucharlo, incluso en los pasillos del tercer piso de Comodoro Py, donde está su juzgado, que cumpla las funciones de "operador" del Gobierno. En especial de Álvarez, uno de los referentes de La Cámpora.

Junto al magistrado rechazan indignados, además, que Canicoba transmita mensajes del Ministerio de Justicia -donde mantuvo reuniones a fines del año pasado-, a cambio de la aprobación del pliego de su hijo Emiliano para juez federal de San Martín. Había quedado 11° en el primer listado, pero su pliego ingresó al Senado el 17 de diciembre.

El rol que adoptó Servini de Cubría, según sus colegas, es distinto. Sobreviviente de mil batallas con funcionarios de varios gobiernos -a los que luego vio desfilar por su juzgado, sea como acusados o para rogarle favores como jueza electoral-, se colocó como "consejera" de los jueces y fiscales más jóvenes y sanguíneos.

Junto a Servini -ferviente coleccionista de adornos con forma de lechuza, ícono de la sabiduría-, también se muestran más contemporizadores con la Casa Rosada los jueces Daniel Rafecas y Ariel Lijo, quien se formó junto a la fallecida camarista María Luisa Riva Aramayo, "la Piru".

De hecho, el desistimiento de la denuncia de Nisman sin ordenar ni una medida de prueba que firmó Rafecas sólo un par de días antes del discurso de la Presidenta ante la Asamblea Legislativa es interpretado por varios de sus colegas como un gesto que bajó la tensión con el Ejecutivo.

"¿Qué íbamos a hacer? ¿Seguir duplicando la apuesta? ¿La Presidenta acusándonos de golpismo judicial y nosotros anunciando cada día otra indagatoria o un procesamiento? ¿Hasta cuándo?", argumentó uno de los jueces federales consultados.

De hecho, la marcha del 18-F dividió las aguas en Comodoro Py. Hay jueces y fiscales que consideran que la gente que salió a las calles en todo el país expresó también un reclamo hacia ellos para que administren justicia. Pero otros magistrados consideran que deben ser "tiempistas", es decir, esperar el momento "adecuado" para avanzar.

"PLATA, APRIETE O MISERICORDIA"

Muy distintos entre sí, la mayoría de los 12 jueces federales de Comodoro Py coincide, sin embargo, en que el Gobierno puede apurarlos con dos grandes amenazas. La primera es la fusión de los fueros federal y ordinario en la ciudad de Buenos Aires. Ninguno olvida que el kirchnerismo ya lo intentó una vez. La impulsaron el ministro Gustavo Beliz y su secretario de Seguridad, Norberto Quantin, hasta que la desactivó Kirchner. La segunda, la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal. Ambas acotarían de manera decisiva sus cuotas de poder.

Pero a esas amenazas -que ven como más reales que una ofensiva en el Consejo de la Magistratura- los jueces suman lo que definen como un problema de comunicación.

"Un emisario del Gobierno puede venir a verte hoy con tres opciones: plata, apriete o misericordia", sintetizó un tercer juez federal, desde la comodidad de su despacho. "Sobre la primera y la segunda opción, todos sabemos quién es quién; y en la tercera, si te vienen a pedir que levantes el pie del acelerador, ¿quién está en condiciones de garantizarte que igual mañana la señora [por la Presidenta] no te prenda fuego por cadena nacional? ¿Hay alguien hoy que pueda asegurarte eso?", interrogó. Ése, añadió, acaso sea el mayor obstáculo para sellar un entendimiento.

Durante años, el operador dilecto de los Kirchner fue Javier Fernández, cuyo cargo formal es de auditor general de la AGN, justo por debajo de Leandro Despouy. Pero ese vínculo comenzó a quebrarse con el crecimiento de La Cámpora dentro del Ejecutivo y la aparición de Justicia Legítima. Hasta que llegó el final con el desplazamiento de Jaime Stiuso de la ex SIDE.

Hoy, ese rol de vaso comunicante entre jueces y funcionarios quedó en manos de varios mensajeros, pero acotados. Álvarez, Mena, Sergio Vargas, de extrema confianza del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y hasta el hermano del juez Lijo, Alfredo -"Freddi"-, son sólo algunos de los nombres que suenan como supuestos interlocutores, junto al de, otra vez, Canicoba Corral.

CRÍTICAS POR UNA RECUSACIÓN

El presidente de la Asociación de Fiscales, Jorge Donoso Castex, calificó de un "disparate total" la recusación que presentó el diputado Andrés Larroque contra el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, que debe intervenir en el trámite de la causa por el supuesto encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA. Además, denunció permanentes "presiones" del poder político para tratar de controlar a funcionarios judiciales.