Mientras Michelle Bacheletdisfruta de sus vacaciones en el sur de Chile, una reunión extraordinaria de alto nivel celebrada en el Palacio de La Moneda trató de atenuar ayer las consecuencias políticas de un escándalo que salpica al hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, funcionario de la presidencia y cuya esposa recibió un préstamo millonario por parte de un importante grupo financiero.

El caso, bautizado por la prensa "Nueragate", amenaza con salpicar a Bachelet, dado que su hijo, director del área sociocultural de la presidencia, acudió a la cita bancaria donde se le concedió el préstamo a la empresa Caval, de la que su mujer, Natalia Compagnon, posee el 50% del capital.

El crédito, por valor de unos 10,3 millones de dólares, lo otorgó el Banco de Chile, propiedad de uno de los principales grupos económicos del país y cuyo vicepresidente es Andronico Luksic, empresario muy cercano al oficialismo.

La operación se realizó un día después de que Bachelet derrotara en el ballottage a la conservadora Evelyn Mathei en 2013.

Compagnon, casada con Dávalos desde 2012, solicitó el crédito para comprar tres terrenos en Machalí, cerca de la ciudad de Rancagua, una hora al sur de Santiago. El préstamo había sido rechazado previamente por otros tres bancos. Una reunión con Luksic en la que participaron la nuera de Bachelet y Dávalos sirvió para que el préstamo fuera aprobado.

La empresa Caval iba a vender los terrenos cuando subieran su valor, una vez que el concejo comunal cambiara el plan regulador de la comuna y pasaran de rurales a urbanos, lo que podría suceder recién en 2016.

Sin embargo, el 21 de enero pasado, se firmó una promesa de compraventa por más de 15 millones de dólares a un empresario de la ciudad de Rancagua, según publicó el viernes la revista Qué Pasa, el medio de comunicación que destapó todo el negocio. La ganancia para Caval sería de cinco millones de dólares aproximadamente.

Tras la reunión de emergencia ayer en La Moneda, José Antonio Gómez, vocero del gobierno, explicó que se trata de un "negocio regular en el que no existe ningún recurso fiscal involucrado. Está un banco privado, que ha decidido entregarle recursos a una sociedad que, según el propio banco, contaba con las garantías suficientes para obtener ese crédito".

No obstante, añadió Gómez, ante las acusaciones desde el mundo político de que podría haber conflicto de intereses en el caso, y "como existe de parte del gobierno la necesidad de transmitirles a los chilenos la absoluta transparencia, el señor Dávalos va a hacer su declaración de intereses y se va a clarificar hasta ese nivel sin tener obligación legal de hacerlo". Este anuncio fue calificado por parte de la oposición como extemporáneo y carente de todo sentido.

Para Gómez, la situación no es comparable al caso Penta, que desplomó a la derecha tras la falsificación de facturas y el fraude al fisco para financiar campañas políticas.

TRÁFICO

El diputado independiente Gabriel Boric opinó: "Evidentemente no a cualquier pyme, menos una pyme con ese capital [Caval tenía un capital de 9600 dólares], le otorgan un crédito de esa magnitud. A todas luces hay un tráfico de influencias que es nocivo". Más contundente fue el ministro de Hacienda, Alejandro Micco, que afirmó en radio ADN que "no todo el mundo tiene acceso al presidente de un banco".

La oposición, a su vez, aprovechó para pedir la renuncia de Dávalos. Cecilia Pérez, ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera, dijo que el hijo de Bachelet quedó al menos éticamente cuestionado y debe dar un paso al costado. Los líderes de Renovación Nacional se sumaron a esta petición.

Pablo Terrazas, prosecretario de la UDI (Unión Demócrata Independiente), pidió una comisión investigadora en el Congreso y declaró: "No queremos llegar a una situación como la de la Argentina; hemos visto lo que ha ocurrido en los gobiernos de la Argentina, donde los negocios de la familia de la presidenta se ven también reñidos con las buenas prácticas, involucrados en situaciones de conflictos de intereses".

Desde el oficialismo, el Partido por la Democracia, el Socialista y la Democracia Cristiana desligaron a Michelle Bachelet de cualquier relación con el caso y dijeron categóricamente que, si bien políticamente se ve todo muy complejo y feo, afectando el repunte en imagen que ha tenido el gobierno, es Dávalos quien tiene que dar explicaciones.