La Justicia confirmó una multa que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le había aplicado a Lázaro Báez por oscuros movimientos de dinero entre dos de sus empresas, gracias a los cuales el empresario kirchnerista evadió el pago de IVA y de Ganancias.

La Sala I de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo dejó en claro que Báez -el rey de la obra pública en Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Kirchner- no pudo justificar los movimientos ni del dinero que circuló entre las firmas Reloway Company, una sociedad que Lázaro Báez usa para girar plata hacia y desde Uruguay, y Badial SA, una de las constructoras del empresario, que está en la otra punta de la operatoria.

Según los camaristas Carlos Grecco y Clara Do Pico, Báez no puede justificar la existencia de un verdadero préstamo entre ambas empresas, ni tampoco puede justificar que realmente deba devolver esas sumas al exterior. Todo aparentaría ser una típica maniobra de evasión.

Los sabuesos de la AFIP comenzaron a investigarla cuando detectaron ingresos millonarios en sus cuentas sin justificación y sospecharon que podía esconder operaciones de lavado de dinero proveniente de ilícitos locales. Pero, por la protección política de la que goza el personaje, nunca se trató de una pesquisa más.

Un primer dato llamativo fue que, forzado a dar explicaciones, el propio Báez admitió por escrito ante la AFIP que muchos millones de pesos que había recibido Badial SA como aportes de capital viajaban informalmente y en valijas.

En efecto, Báez declaró en el expediente que las maletas eran traídas desde Uruguay por Carlos Adrián Calvo López y por otros valijeros, que las llevaban personalmente a Santa Cruz. Y allí depositaban el dinero efectivo en la cuenta corriente de la firma. En rigor, la Cámara Federal determinó que la operatoria era más compleja, porque también involucraba la compraventa de títulos.

Según Báez, Calvo López depositó parte de esas valijas en el Banco Sudameris de Río Gallegos, sin comprobante alguno, y que "el resto de los aportes [dinero en efectivo]" se los entregaba a él. Valijas de dinero que, según Báez, se destinaron luego a "impuestos, sueldos, aportes y distintas inversiones, entre las que está la compra de un terreno en el barrio Ayres del Pilar y dos terrenos de la quiebra Rodríguez Carrera e Hijos SA".

El otro dato llamativo fue que Báez contrató como abogada a Paola Martínez Naiflesch, una profesional que fijó su domicilio legal en el estudio privado del actual director de la Dirección General Impositiva (DGI), Ángel Toninelli.

Además, Naiflesch consignó como su número telefónico una línea que aún figura a nombre del hijo de ese funcionario, Federico Toninelli.

Pese a todo, a Báez le fue mal dentro de la AFIP, que concluyó que no había logrado justificar millones en aportes a Badial.

Por eso, el titular del organismo, Ricardo Etchegaray, impulsó la multa al empresario. Báez apeló y en un primer momento tuvo suerte, porque el Tribunal Fiscal revocó la decisión.

Pero esta semana la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los citados camaristas Grecco y Do Pico, confirmó la multa aplicada por la AFIP. Fuentes de tribunales confirmaron que no fueron pocas las sugerencias que recibieron en Tribunales para que la sentencia fuera absolutoria.

Según el tribunal, "la prueba que aportó el contribuyente [Báez] en el expediente no fue suficiente para acreditar la efectiva realización de las operaciones" de aporte de capital y préstamo. En otros palabras, Báez habría realizado operaciones fictivas para evadir el pago de IVA y Ganancias.