Después de pasar más de cinco años detenido en el penal de Campana, minutos después de las 17.30 de ayer Carlos Carrascosa salió de la cárcel y fue trasladado con una custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense a la casa de su amigo Héctor Liñeiro, en un barrio cerrado de Escobar, a orillas de uno de los brazos del río Luján, en el delta del Paraná.

Allí vivirá, ya no tras las rejas. Pero Carrascosa no podrá alejarse más allá del jardín de la vivienda porque será monitoreado con una tobillera electrónica, dado que el Tribunal Oral N° 6 de San Isidro lo benefició con el arresto domiciliario, no con la excarcelación. Luego de que se acreditara el pago de la fianza de 1.000.000 de pesos, los jueces mandaron un oficio al penal para autorizar el traslado del hombre que fue condenado por el homicidio de su esposa, María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel, en Pilar.

El dinero para cubrir el monto de la caución real fijada por el tribunal integrado por los jueces María Angélica Etcheverry, Débora Ramírez y Federico Tuya había sido depositado anteayer por los abogados de Carrascosa en la sucursal bancaria que funciona en los Tribunales de San Isidro y que fue aportado por un grupo de amigos del viudo.

Una vez que el tribunal remitió el oficio con la autorización del traslado, por la tarde fue remitida al penal, desde La Plata, la tobillera electrónica para Carrascosa. Días antes los técnicos del Ministerio de Justicia bonaerense habían revisado el correcto funcionamiento de la línea telefónica de la casa fijada como domicilio para cumplir el resto de la condena, una vivienda de tres ambientes con jardín y pileta situada en el lote 307 de una isla del Centro Urbano Barrancas de Escobar, CUBE. Esa línea se utiliza para colocar el sistema de monitoreo a distancia con la tobillera electrónica.

Carrascosa quedó alojado en la casa de un amigo jubilado, Héctor Liñeiro, donde ya residió hasta que en 2009 fue detenido tras el fallo del Tribunal de Casación bonaerense que lo condenó a prisión perpetua al considerarlo el supuesto coautor del homicidio de su esposa.

Antes de abandonar el pabellón donde permaneció preso más de cinco años, a Carrascosa le tomaron nuevamente sus huellas digitales. Por la tarde, llegó al penal de Campana la tobillera electrónica, el último requisito para que pudiera dejar la cárcel.

El martes la Justicia había aceptado el pedido de arresto domiciliario que habí­a formulado la defensa del viudo, una vez que el condenado cumplió 70 años, el 13 de diciembre pasado.

Los abogados Fernando Díaz Cantón y Adrián Murcho habían solicitado la excarcelación mientras se revisaba su condena, tal como ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero el tribunal sólo aceptó morigerar la pena debido a su edad y porque tiene problemas de salud.

A fines de diciembre, el fiscal de Ejecución Penal de San Isidro Luis Angelini habí­a emitido un dictamen a favor de Carrascosa, teniendo en cuenta que había dado favorable el estudio socio-ambiental efectuado en la casa de Liñeiro. Además, a su entender, no existía peligro de fuga.

El pedido de excarcelación presentado por los abogados de Carrascosa se fundó en que la sentencia que lo había condenado a prisión perpetua por el homicidio de García Belsunce no estaba firme. El 27 de noviembre pasado la Corte ordenó que otro tribunal revise la sentencia que recibió Carrascosa en 2009, para que exista un doble conforme.

El máximo tribunal consideró que ninguna instancia judicial habí­a revisado esa resolución, impuesta en 2009 por Casación en un fallo en el que revocó la sentencia del juicio oral de 2007, en el que Carrascosa salió absuelto por el homicidio, pero condenado a cinco años y medio por el encubrimiento del crimen.

OTROS DOS CASOS, RECHAZADOS

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) se presentó como amicus curiae en dos causas en las que la Justicia denegó el acceso a la prisión domiciliaria a sendos reclusos de avanzada edad que sufren enfermedades terminales.
Acompañó documentación e informes médicos de "dos personas que se encuentran muy enfermas, ya que una padece cáncer de colon y otra una afección cardiológica de severo pronóstico". La PPN consideró que esas personas no tienen una vida digna en la cárcel.(LANACION)