Según supo LA NACION de fuentes judiciales, el juez de feria Enrique Lavié Pico hizo lugar a una medida precautelar reclamada por el diputado provincial massista Mauricio D'Alessandro.

La medida implica un freno para los polémicos nombramientos dispuestos por la procuradora en las nuevas fiscalías de Cámara creadas por el flamante Código Procesal Penal en todo el país.

"No se advierte, en este estado del proceso, cuáles son los motivos que podrían justificar las designaciones, con carácter urgente, en las nuevas Fiscalías creadas, que se encuentran vinculadas a un Código que no habría sido implementado", sostuvo el juez.

Así, adoptó el criterio expuesto por D'Alessandro, quien argumentó que las designaciones de 16 fiscales están en consonancia con el nuevo Código, aprobado por el Congreso pero que aún no está vigente.

"Para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación deberían cumplirse previamente los requisitos legales allí previstos y es por ello que resultaría carente de toda razonabilidad la urgencia en la puesta en funcionamiento de las Fiscalías creadas y las designaciones efectuadas al respecto", sostiene el fallo.

UNA BATERÍA DE DESIGNACIONES

El 30 de diciembre pasado, en el último día hábil del año, Gils Carbó firmó una serie de designaciones en lo que constituyó el mayor avance del kirchnerismo en diez años para la colonización de la Justicia: designó a 16 fiscales federales de su propia tropa en todo el país. Estaba previsto que asumieran el 2 de febrero próximo.

Los nuevos cargos estaban contemplados en el Código Procesal Penal, que aún no está en uso y no cuenta con las leyes de implementación. Pero Gils Carbó cubrió los cargos valiéndose del acuerdo que le había dado el Senado para otras jurisdicciones y desplazándolos horizontalmente como subrogantes en estos nuevos lugares.

El diputado massista D'Alessandro se presentó en Tribunales -al igual que otros legisladores de la oposición- para pedir que se habilite la feria judicial para que los jueces se pronuncien sobre un amparo en el que pidió que se suspendan las designaciones de los fiscales.

D'Alessandro denunció una supuesta intención de Gils Carbó de "cubrir con fiscales militantes cada una de las Cámaras Nacionales y Federales de Apelación con competencia penal en todo el país", como una manera de "lograr la impunidad" de los funcionarios del Gobierno investigados en casos de supuesta corrupción.

Fuente: La Nacion