El fiscal Guillermo Marijuán imputó a la Procuradora General de la Nación y formalmente su jefa, Alejandra Gils Carbó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Lo hizo a partir de una denuncia que realizó el juez federal Claudio Bonadio en las primeras horas del año judicial 2015.

Bonadio había pedido la remoción del fiscal a cargo de la Procelac Carlos Gonella, por haberse negado a asistir a la declaración indagatoria ordenada por el magistrado.

La Procuradora recibió el pedido de remoción de Gonella y lo desestimó en una resolución firmada antes de fin de año. Además de rechazar el pedido del juez, Gils Carbó denunció a Bonadio ante el Consejo de la Magistratura para que sea destituido por el caso donde imputó a Gonella.

Bonadio pidió la indagatoria de Gonella por violación de secretos en una causa en la que se investiga al círculo cercano a un condenado a 20 años de prisión por el delito de narcotráfico. El fiscal Gonella recusó a Bonadio por falta de imparcialidad y la Cámara Federal confirmó al juez en el caso.

La denuncia de Bonadio se funda en que para rechazar o aprobar el pedido de remoción, Gils Carbó debía convocar al Consejo Evaluador creado por una resolución del anterior Procurador Esteban Righi.

Righi había fundamentado en una resolución de 2004 que la decisión sobre la remoción de un fiscal no podía quedar solo en manos del Procurador para evitar "discrecionalidad".

En aquella resolución Righi estableció la obligatoriedad de la intervención del Consejo Evaluador, integrado por fiscales generales de diferentes jurisdicciones. Ese Consejo debe dictaminar si es pertinente o no la remoción antes de la decisión de quien encabeza la Procuración.

Cuando Gils Carbó abrió la instancia del Juty al fiscal José Campagnoli lo hizo luego de consultar al Consejo.

En 2007 Righi firmó otra resolución por la que quedó establecido el mecanismo para la conformación del Consejo y el trámite que debe tener un pedido de remoción.

Según la presentación de Bonadio, Gils Carbó no habría realizado la consulta y por eso pidió que se investigue.

La causa cayó por sorteo en el juzgado a cargo de Sergio Torres quien está de turno durante todo 2015 con la fiscalía de Carlos Rívolo cuya secretaria es Marisa Tarantino.

Por ende el caso no le tocó a ninguno de los últimos fiscales federales que nombró Gils Carbó para cubrir vacantes.

Como Rívolo está de licencia, es reemplazado por Marijuán, a quien Gils Carbó acaba de apartar de la fiscalía especializada en investigaciones sobre fraude en la Seguridad Social.

Se habilitó la feria judicial para que la fiscalía determinara si había elementos para abrir una investigación o no. Marijuán decidió imputar a su jefa.