A través del Boletín Oficial, el Gobierno anunció este martes una nueva medida para ejercer aún más control sobre el mercado de cereales y oleaginosas. La Resolución 576 del Ministerio de Agricultura dispuso exigir que las empresas autorizadas a emitir certificados de depósitos y warrants comuniquen cada mes la emisión de estos instrumentos financieros.

La nueva disposición trata de desentrañar qué cantidad de granos se retiene en el campo o instalaciones del productor de cereales y oleaginosas y qué cantidad fue vendida a molinos y exportadores o comprometidos en garantía real frente a un crédito de capital de trabajo. Lo usual suele ser que el productor se comprometa a entregar los granos en forma dosificada, porque el adquirente no tiene espacio propio para guardarlo hasta su despacho para el consumo interno, la exportación, o la entrega a una entidad financiera en caso de incumplimiento del pago de un préstamo.

El warrant es un contrato o instrumento financiero derivado que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar/vender un activo subyacente (acción, futuro, etc.) a un precio determinado en una fecha futura también determinada. En términos de funcionamiento, los warrant se incluyen dentro de la categoría de las opciones. Si un warrant es de compra recibe el nombre de call warrant, y si es de venta será un put warrant. El warrant, al igual que las opciones, dan al poseedor la posibilidad de efectuar o no la transacción asociada (compra o venta, según corresponda) y a la otra parte la obligación de efectuarla.

Estos instrumentos, que se consideran en el campo un mecanismo confiable para almacenar los granos, se utiliza también como mecanismo de acceso al crédito con garantía del cereal y oleaginosa, para capital de trabajo, con un plazo corriente de hasta 180 días, aunque muchas veces es renovable.

Sin embargo, ante las serias dificultades que enfrenta el Gobierno para generar divisas en un escenario de cepo cambiario, altas retenciones a los exportadores, cupos y deliberada revaluación del peso como ancla inflacionaria, busca ejercer más control sobre los productores para que aceleren la venta de sus cosechas, independiente de las necesidades técnicas de una actividad que se desarrolla por ciclos anuales, o, en el mejor de los casos, semestral, con rotación de cultivos.