El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, faltó hoy a la declaración indagatoria a la que lo había citado el juez federal Claudio Bonadio, en una causa en la que le imputa el presunto delito de "violación de secretos".

El fiscal está acusado de haber difundido que una jueza de instrucción penal estaba siendo investigada en una causa vinculada con un hecho de narcotráfico.

Gonella estaba citado a indagatoria para esta mañana después de que la Cámara Federal porteña avalara el llamado del juez Bonadio y éste mismo rechazara una recusación en su contra.

No obstante, el titular de la Procelac sostuvo que esas decisiones judiciales aún no están firmes, ya que quedan pendientes instancias de apelación en las que tanto la permanencia del juez en la causa cuanto el llamado en calidad de imputado podrían ser revertidas por instancias superiores de la Justicia.
 
Gonella presentó un escrito en el que afirma que "sigue manteniéndose a derecho" y adelanta que continuará "la vía recursiva" sobre la recusación y la nulidad de la indagatoria, de modo tal que "hasta que las máximas instancias judiciales no se expidan en el caso, no estarán dadas las condiciones" para comparecer ante el juez.

El escrito advierte, una vez más, sobre las supuestas "graves arbitrariedades evidenciadas por el juez Bonadio" en la tramitación de la causa.

En el expediente, Gonella y su colega del fuero penal económico Emilio Guerberof están imputados por haber difundido en el sitio de internet del Ministerio Público Fiscal una información en la que consignaban que unas 30 personas estaban siendo investigadas por el presunto delito de "lavado de activos del narcotráfico", entre ellas la jueza María Gabriela Lanz, pareja del empresario español Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por tráfico de estupefacientes.

Según publicó hoy la página de internet de los fiscales, "Gonella explicó que no se presentará a la indagatoria porque en la causa en la que Bonadio intenta indagarlo está en juego algo mucho más importante, como lo es el principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno, el acceso a la información judicial de acuerdo a los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos y la transparencia institucional".

Además, Gonella denunció que en el expediente se están afectando sus derechos a la defensa, pues argumenta padecer el "acceso vedado a las actuaciones, documentación reservada, y a la producción de prueba" y notificación de las decisiones contraria a las prescripciones del Código Procesal.

"Mientras al fiscal del caso le notifican las resoluciones enviándole el expediente, el defensor de Gonella debe notificarse mediante cédula, sin la posibilidad de realizar una compulsa de las actuaciones en las que se basa la decisión del juez. Eso constituye una clara disparidad de armas con el representante del Ministerio Público Fiscal y va en claro detrimento de las garantías básicas que deben regir el debido proceso", advirtió el titular de la Procelac.