El gobierno nacional se propuso realizar otra reforma normativa que, en caso de promulgarse, sería otra marca legislativa relevante como fue la histórica reforma y unificación del nuevo Código Civil y Comercial.

La propuesta que impulsa el Frente para la Victoria apunta ahora a las relaciones laborales: el oficialismo quiere elaborar un Código del Trabajo y la Seguridad Social que reúna todas las leyes vigentes que regulan el trabajo.

En este caso la idea es del del diputado Héctor Recalde (FpV), titular de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja, quien trabaja en el proyecto con un grupo de especialistas en Derecho laboral.

En principio, si el objetivo sólo fuera unificar todo en un cuerpo normativo, la vida de los trabajadores no sufriría modificaciones sustanciales. Sin embargo, "el hecho de dictar una ley integral en materia laboral puede traer consigo cambios en el contenido", adelantó el abogado Héctor García, coordinador de la asesoría jurídica nacional de la CTA oficialista y profesor de Derecho del Trabajo en la UBA.

La intención es que el tema se debata en todo el país con la participación de sindicatos, cámaras empresarias y especialistas, con el objetivo de "enriquecer la obra", explicó el legislador kirchnerista en diálogo con el diario Tiempo Argentino.

Está previsto que en febrero se realicen cuatro foros federales de discusión: cada uno representaría a una región del país y tendría lugar cada 15 días, por lo que el anteproyecto con todos los aportes estaría listo en dos meses.

Los abogados laboralistas que apoyan esta iniciativa señalan que la propuesta responde a un mandato concreto de la Constitución, porque el artículo 75, en el apartado 12, señala que entre las atribuciones del Parlamento está el "dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social".

"Ya hicimos una reunión para intercambiar ideas y facilitar el avance de las iniciativas, para que no vayan y vuelvan", contó Recalde en declaraciones al periódico mencionado, en el que se reveló además que la propuesta cuenta con el aval del Poder Ejecutivo.

Ya hubo contactos con el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y con el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Además el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, trabaja por su lado con el mismo objetivo. (Infobae)