El Gobierno nacional, a través del secretario de Justicia, Julián Álvarez, minimizó ayer irregularidades de la empresa Hotesur –que administra un hotel de la presidenta Cristina Fernández–, anunció que le cobrará una multa de “tres mil pesos” por no presentar balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y volvió a denunciar maniobras “políticas” y “extorsivas” del juez Claudio Bonadio.

Álvarez ratificó que denunciará al magistrado federal y tras afirmar que Bonadio genera “un escudo para que no se lo investigue” en el Consejo de la Magistratura, lo acusó de “no utilizar los expedientes con criterios de imparcialidad, sino con el objetivo de coaccionar (al Gobierno) a través de sus medidas”.

La cerrada defensa del kirchnerismo hacia la Presidenta y su accionar al frente de una de las empresas que figura a su nombre se produce horas antes de que Cristina reaparezca hoy, tras su internación y posterior reposo, en un acto organizado por la Cámara Argentina de la Construcción.

Desde el ultrakirchnerismo, el titular de la Anses, Diego Bossio, y la diputada nacional Diana Conti salieron a acusar a Bonadio de impulsar “maniobras extorsivas” y de tener vinculación política con el precandidato presidencial del opositor Frente Renovador, Sergio Ma­ssa.

“Una empresa no presentó sus balances en la IGJ y los presentó en la Afip. Habrá sido el error de un contador, no vas a pretender que la Presidenta esté viendo si se presentó el balance en la IGJ o en la Afip”, afirmó el viceministro de Justicia al salir en defensa de la jefa del Estado.

Sin embargo, el funcionario aseguró que su cartera le aplicará una sanción a Hotesur y “será la más severa”. “La multa es de tres mil pesos –precisó–, pero no porque se nos ocurre, sino porque está reglamentado así. Es una irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo”, minimizó el secretario de Justicia.

En su avanzada contra el magistrado, Álvarez aclaró: “Por esta investigación no lo vamos a denunciar (a Bonadio), sino por la acción sistemática de generar un escudo para que no se lo investigue en el Consejo de la Magistratura”.

Por su parte, Bossio –en declaraciones radiales– acusó a Bonadio de protagonizar una “operación mediática y política” al haber allanado la firma Hotesur y pidió “indagar” la “relación” del magistrado “con Sergio Massa”.

“Me llama poderosamente la atención el accionar de algunos jueces. Hay sectores de la Justicia que se dedican a hacer justicia, y sectores que hacen política a través de sus decisiones. Quien quiere hacer política tiene que decirlo, plasmarlo, y no mal utilizar la Justicia”, planteó el funcionario, que sugirió al juez que “se candidatee”.

En cambio, Conti afirmó que el allanamiento a la empresa Hotesur, propiedad de la familia Kirchner, “es un acto judicial impertinente, que huele a extorsivo” y defendió “la honestidad de Cristina Fernández de Kirchner” al advertir “que no se le puede hacer daño impunemente porque no lo vamos a permitir”.

Conti adhirió a la afirmación de Álvarez, al indicar que el magistrado “se quiere defender” de las nueve causas que tiene en contra en el Consejo de la Magistratura “atacando a la presidenta” Cristina Fernández”.

La legisladora kirchnerista señaló que Bonadio avanzó sobre la empresa de la familia Kirchner porque “el Código Procesal Penal va a ser ley en la primera semana de diciembre, y eso no le cae bien a los jueces de Comodoro Py y ahí hay un corporativismo judicial”.

Investigación

El jueves último, Bonadio realizó un allanamiento en la Inspección General de Justicia y en Hotesur, en respuesta a una denuncia que presentó la diputada por el GEN Margarita Stolbizer, por presunto “lavado de dinero” vinculado a Hotesur, la empresa que administra el hotel Alto Calafate, propiedad de la Presidenta.



El juez, además, investiga la hipótesis del lavado de dinero, dado que esta firma acordó alquilar cerca de mil habitaciones al mes al empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez durante dos años, estén o no ocupadas, según revelaron investigaciones periodísticas el año pasado.

El sábado, y tras el silencio inicial, la empresa Hotesur emitió un comunicado en el que se defendió de las acusaciones por supuestas irregularidades, atacó a Bonadio, a la prensa y a la oposición como autores de una “operación” contra la mandataria y sus hijos.

En el texto, Hotesur admitió que incurrió en “fallas formales” y “demoras” para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia, aunque afirmó que inició “un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable”.

Los K, a la defensiva

Carlos Kunkel (diputado del FPV). “El juez Bonadio es un claro partidario del poder económico y las corporaciones. Estamos hablando de una persona que llegó a su condición de juez debido a acuerdos políticos muy concretos y no por sus condiciones académicas”.

Florencio Randazzo (ministro del Interior y Transporte). “Cristina decretó la independencia y autonomía de la política por encima de cualquier poder, y eso no se lo van a perdonar”.

Héctor Recalde (diputado del FPV). “El manejo del caso evidentemente es desproporcionado; y esa desproporción (d