El proyecto de ley Argentina Digital, mediante el cual el Gobierno nacional apunta a declarar como servicio público el acceso a las telecomunicaciones, generó ayer cruces entre el oficialismo y la oposición.

En el centro de la escena están las empresas telefónicas, en particular una de ellas (Telefónica), por las sospechas de que la iniciativa impediría que esa compañía se desprenda de Telefe, lo que implica una suerte de derogación parcial de la ley de medios.

El diputado nacional Roy Cortina, del Frente Amplio Unen, consideró que el proyecto buscar “extender y garantizarles el negocio” a las empresas del sector y no “defender los intereses de los usuarios”.

A través de un comunicado, advirtió que “permitir abiertamente la entrada de estas compañías a la comunicación audiovisual es una herida mortal al sentido democratizador que alguna vez intentó tener la ley de medios”.

Y agregó: “En el terreno de las telecomunicaciones se está replicando la misma lógica de beneficiar amigos, concentrar las voces y atacar a Clarín”.

Por su parte, los diputados nacionales del bloque Socialista, que en 2009 votaron a favor de la ley de medios, opinaron que la iniciativa “sólo regula la relación entre los distintos prestatarios, favoreciendo de sobremanera a algunos en detrimento de otros”.

En tanto, el secretario general del bloque de diputados radicales, Miguel Giubergia, consideró que se generará “mayor concentración del mercado de las telecomunicaciones” y se provocará “menor inversión en tecnología y peor calidad de servicio”.

A su turno, la diputada
nacional Victoria Donda (Libres del Sur) opinó que se “abre la puerta para el beneficio de sectores concentrados, o a los amigos del poder de turno, o bien para permitir una gran discrecionalidad”.

Añadió que “en el caso puntual de Telefónica, la operadora se ve beneficiada por el artículo 9 que la exceptúa de cumplir” con la ley de medios. En esa línea, sostuvo que “esa excepción habilita a preguntarse por qué la Afsca no trató el plan de adecuación de Telefe”.

Defensa

En defensa de la iniciativa oficial, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido sostuvo que el proyecto “es sinérgico con la ley de medios” y “potencia la universalización de acceso a todas las tecnologías de la comunicación, a la información y a las opiniones de todos los argentinos”.

En una exposición que realizó en el Congreso Adimra Joven 2014, el funcionario señaló que “quienes cuestionan este proyecto es porque la legislación actual, vigente desde 1972, los protege y les permite posiciones dominantes”.

Hoy, en tanto, se procederá a la apertura de sobres con las ofertas económicas de las cuatro empresas que entraron en la recta final de la licitación por la telefonía 4G, a pesar de que los anuncios sobre cambios en la ley de telecomunicaciones podrían alterar, según los expertos, un negocio que implica un ingreso para el Gobierno de casi 2.000 millones de dólares.