La justicia federal de Bahía Blanca allanó ayer una radio y un diario digital de esa ciudad bonaerense y secuestró audios de escuchas telefónicas que forman parte de la causa por narcotráfico por la que está detenido desde enero pasado el empresario Juan Ignacio Suris, que se hizo conocido por sus vínculos con Lázaro Báez.

El operativo se realizó por la mañana en la sede de La Brújula 24, en el centro bahiense, y derivó en denuncias por la supuesta violación del derecho a la libertad de expresión y de la protección de las fuentes periodísticas, consagrado por la Constitución Nacional.

Según Germán Sasso, periodista y director del sitio web, el allanamiento se llevó adelante pocas horas después de que, desde la radio y el diario digital, se anticipara la próxima publicación de nuevas escuchas.

"Habíamos anunciado que en los próximos días íbamos a pasar una escucha en donde Suris comprometía a gente del Poder Judicial de Bahía Blanca. Dos o tres días después de eso nos cae el allanamiento. Nos llama mucho la atención", relató Sasso a Radio Mitre.

"La intención, según nos dice la policía, es llevarse todo lo relacionado con Suris, [Leonardo] Fariña y las escuchas que desde febrero venimos revelando. Son escuchas de la causa vinculadas a narcotráfico y al entramado policial que a él [por Suris] lo protegía para vender la droga", añadió.

Pocas horas después del allanamiento, el juez que lo ordenó, Santiago Martínez, a cargo del Juzgado Federal N° 1, difundió un comunicado para aclarar que había actuado por pedido del Ministerio Público Fiscal. No aclaró si se refería al fiscal de instrucción, Antonio Castaño, o a su superior, el fiscal Alejandro Cantaro.

En el escrito, Martínez, que es subrogante, precisó que el allanamiento se hizo para investigar "la presunta sustracción o violación de secretos por parte de funcionarios públicos" y "eventuales complicidades y/o encubrimiento de quienes los hubieren recibido y difundido".

El operativo provocó la reacción de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), que lo describió como "un grave procedimiento contra la libertad de prensa". "Estaríamos ante un caso de violación de los derechos y principios tutelados por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales que la integran", advirtió la presidenta de LED y ex diputada nacional Silvana Giudici.

El allanamiento y la posterior aclaración del juez Martínez se dieron en el marco de una fuerte interna, y un vínculo de creciente desconfianza mutua, entre el magistrado y su secretario, Álvaro Coleffi. Martínez sospecha que las escuchas llegaron a manos de los periodistas por filtraciones desde dentro del juzgado.

Por otra parte, los movimientos en la causa en la que Suris está acusado y detenido por narcotráfico ocurrieron mientras sigue pendiente otra línea de investigación que también alcanza a Suris, pero cuyos eslabones conducen a Lázaro Báez.

Según una investigación publicada por LA NACION hace 10 días, Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla Báez, socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca para evadir impuestos.

Uno de esos grupos es Iberoamericana de Servicios SA, para la que Suris emitió facturas truchas.

Al cierre de esta edición, Brújula 24 publicó la escucha que, según afirmó, habría motivado el allanamiento. Es una conversación entre un supuesto "líder narco" y un hombre, identificado por el medio como Suris, en el que el primero habla del fiscal Castaño como su "amigo personal".

Fuente: La Nacion