La investigación contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por volar gratis en aviones privados pagados por empresarios del transporte a los que debía controlar está en riesgo de quedar en la nada. Eso es así porque el proceso puede prescribir la semana próxima. Para evitarlo, el juez federal Julián Ercolini hizo ayer una novedosa interpretación de las normas penales y suspendió los plazos.

Ercolini, que tiene que hacer el juicio oral, había puesto fecha para su inicio el viernes 17, es decir, la semana próxima, pero ayer decidió posponerlo sin fecha hasta tanto se resuelva la lluvia de recursos que ensayaron los abogados defensores de Jaime y de los otros acusados para que el juicio no se realice nunca.

El juez, además, consideró que las chicanas de los abogados, si bien están contempladas como parte de su derecho a defenderse, "se intentó [con ellas] entorpecer las tramitaciones intermedias e impedir el inicio del juicio oral".

El juez dijo que la defensa se valió de toda la lista de recursos que prevé el Código Procesal: desde la primera recusación hasta ahora plantearon cuatro recusaciones, cinco nulidades, recursos de reposición, ocho recursos de casación, diez recursos de queja, un recurso extraordinario ante la Corte, la renuncia de un defensor, revocaron el poder de dos letrados y realizaron un pedido de probation. "No fueron creados con la finalidad de que la parte acusada pudiera tener el poder de manejo y de disposición de la acción penal pública", dijo.

Y se quejó de que "los acusados y sus defensores técnicos tengan un poder casi absoluto sobre el mantenimiento y persistencia de la acción penal", que ni siquiera el fiscal tiene en nuestro sistema legal.

Esta causa se inició en 2008 por la denuncia del ex fiscal de Investigaciones Administrativas y diputado radical Manuel Garrido, que realizó una presentación para que se investiguen "las razones de la demora de más de cinco años en el juicio oral, que está a punto de prescribir. Por eso le pidió al Consejo de la Magistratura que designe a uno de sus integrantes para que revise este proceso y, eventualmente, si hay razones, "que formule las acusaciones que corresponda".

"Solicito que se evalúe la eventual responsabilidad de los jueces intervinientes a efectos de que la Comisión de Disciplina y Acusación adopte las medidas que considere pertinentes, en el caso de que no hubiera legítimas razones para la demora", dijo Garrido.

La causa fue investigada por el juez Claudio Bonadio, intervino la Cámara Federal, fue designado el juez Julián Ercolini para realizar el juicio oral e intervinieron en decenas de recursos presentados por la defensa la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia.

El riesgo de prescripción está dado porque la recepción de dádivas en función del cargo castiga al funcionario con una pena máxima de dos años de prisión, que es el plazo máximo para la investigación de la causa y que haya un veredicto.

Aunque hay razones que suspenden los plazos. Por ejemplo, el artículo 67 del Código Penal dice que suspende el plazo una cuestión previa que debe resolverse en otro juicio. En el caso actual contra Jaime, el juez Ercolini entendió que los planteos de la defensa son cuestiones previas a este juicio y que tienen el mismo efecto para suspender los plazos. Por eso así lo declaró y pospuso el juicio hasta que se resuelvan esas cuestiones.

"Con lo que se decide, se logra conservar el equilibrio entre el interés del Estado en el juzgamiento de hechos sospechados de delictivos, la realización de un debido proceso legal y el respeto de la garantía de defensa en juicio? De este modo, en pocas palabras, se preserva en este caso en concreto uno de los mandatos medulares de la Constitución Nacional, cual es, el afianzamiento de la justicia."

Se descuenta que la defensa de Jaime recurrirá esta decisión y pedirá el sobreseimiento del funcionario por prescripción, con lo que se abre ahora una nueva serie de recursos que pondrán a prueba los argumentos de Ercolini cuando su interpretación sea revisada por la Cámara Federal.

LA ESTRATEGIA DEL EX FUNCIONARIO

Citación a juicio
La defensa planteó el 26 de octubre de 2012 la nulidad de la citación a juicio, recusó al juez e hizo planteos que ponen en riesgo el caso. Para el juez, buscan impedir el inicio del juicio

Demoras y denuncia
Es de 2008 y la hizo el ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, que pidió investigar en qué parte del proceso ocurrieron las demoras.(LANACION)